El Gobierno español sigue desarrollando el plan de regeneración democrática. Y el Consejo de Ministros acaba de aprobar la modificación de la ley del derecho de rectificación, de modo que obligue no sólo a la prensa sino también a usuarios “de especial relevancia” en redes sociales, es decir, los que tengan más de 100,000 seguidores en una plataforma o más de 200,000 en el conjunto de todas ellas.
Los titulares de esas cuentas de X (antes Twitter), Facebook, Instagram, Telegram u otras deberán, por tanto, respetar el derecho a rectificación de quien resulte directamente afectado por la publicación en redes de noticias falsas.
Se trata de una ley del derecho de rectificación que data de 1984 y hasta ahora sólo debían someterse a ella los medios de comunicación. El Gobierno argumenta que ha quedado obsoleta y por eso la actualiza: alega que desde 1984 la realidad ha cambiado mucho y la información se distribuye sobre todo en soporte digital, de forma que el debate público se produce en buena parte ahí.
Por eso, según la exposición de motivos de la nueva norma, el derecho a la rectificación se amplía ahora a los “usuarios de especial relevancia” de plataformas y redes sociales.
