La reciente tragedia ocurrida en el centro de entretenimiento Jet Set dejó al descubierto las serias deficiencias del sistema funerario dominicano, especialmente ante situaciones que involucran múltiples fallecimientos. En respuesta, la especialista del sector exequial Arlenys Nicasio realizó un llamado urgente al Congreso Nacional y al Gobierno para impulsar la regulación del sector.
Nicasio, quien también es vicepresidenta de la Asociación de Funerarias y Cementerios Privados de la República Dominicana (ASEFUSE), advirtió que el 80 % de las funerarias del país opera de manera irregular, sin estar registradas formalmente ni cumplir con los estándares mínimos exigidos.
“Solo unas 40 funerarias privadas están legalizadas en todo el país. Esto no solo compromete la calidad del servicio, sino también la dignidad de los procesos funerarios”, expresó la dirigente.
Urgen aprobar ley para regular funerarias y cementerios
La especialista instó al Congreso a retomar la discusión del Anteproyecto de Ley de Funerarias y Cementerios, cuyo objetivo es establecer un marco regulatorio claro para el funcionamiento de estos servicios esenciales. También pidió al Ministerio de Salud Pública asumir un rol más activo en la supervisión y formalización del sector.
“No podemos seguir operando bajo la sombra de la informalidad. El Estado debe asumir su rol de regular y supervisar un sector tan delicado y esencial como este”, señaló.
Llamado a fomentar la previsión funeraria
Además del aspecto legal, Nicasio hizo un llamado a la ciudadanía para fomentar una cultura de previsión funeraria. Indicó que solo el 1 % de la población dominicana cuenta con un plan funerario previo.
“La muerte sigue siendo un tema tabú en nuestra cultura. Planificar ayuda a aliviar la carga emocional y económica de las familias, y garantiza procesos más dignos y humanos”, añadió.
Un compromiso de todos los sectores
La vicepresidenta de ASEFUSE finalizó su intervención reiterando que la transformación del sistema funerario debe ser un compromiso conjunto entre el Estado, el Congreso y la sociedad civil.
“Se trata de dignidad, de humanidad y de responsabilidad social. No podemos esperar otra tragedia para actuar”, concluyó.
Por: Yari Araujo
