El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos alcanzó un acuerdo preliminar con Boeing que le permitirá evitar un proceso penal. La acusación sostenía que la compañía engañó a los reguladores estadounidenses sobre el modelo 737 Max antes de dos accidentes fatales que cobraron 346 vidas.
Según documentos judiciales presentados, Boeing deberá pagar e invertir más de 1,100 millones de dólares. De ese total, 445 millones serán destinados a las familias de las víctimas de los accidentes ocurridos en Indonesia y Etiopía en 2018 y 2019.
El DOJ defiende el acuerdo
Un portavoz del DOJ afirmó que el acuerdo representa una resolución justa:
“Nada disminuirá las pérdidas de las víctimas, pero esta resolución responsabiliza financieramente a Boeing, proporciona compensación a las familias y mejora la seguridad de futuros viajeros aéreos”.
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Familias de víctimas exigen rendición de cuentas pública
Algunas familias han expresado su desacuerdo, exigiendo un juicio público y mayores consecuencias para la empresa y sus exfuncionarios. El abogado Paul Cassell, representante de varias familias, declaró que la rendición de cuentas pública es más importante que cualquier compensación económica.
Boeing fue acusada de ocultar a la Administración Federal de Aviación (FAA) detalles sobre un nuevo sistema de software conocido como MCAS, que podía provocar la inclinación de la nariz del avión hacia abajo sin intervención de los pilotos. Esta omisión fue un factor clave en ambos accidentes.
Cambios tras los accidentes
Después del segundo accidente, los aviones Max fueron suspendidos en todo el mundo hasta que Boeing rediseñó el sistema MCAS, haciéndolo menos potente y dependiente de dos sensores en lugar de uno solo.
En 2021, Boeing ya había evitado el juicio mediante un acuerdo de 2.500 millones de dólares. Sin embargo, en 2023, el DOJ determinó que Boeing incumplió con los términos del acuerdo anterior, lo que llevó a un nuevo proceso legal y el acuerdo actual.
El juez rechaza trato anterior por políticas internas
El juez federal Reed O’Connor rechazó un acuerdo de culpabilidad previo, señalando preocupaciones sobre la influencia de políticas de diversidad e inclusión en la selección de supervisores del acuerdo.
Con información de AP.
Por: Yari Araujo
