Ángel Ramón De Jesús Martínez Jiménez, conocido públicamente como “El Detective”, enfrenta una situación legal compleja tras confirmarse que no posee ninguna licencia oficial que lo acredite como detective privado en los Estados Unidos. Además, en ese país arrastra antecedentes penales vinculados a delitos de fraude, estafa y hurto.
Según registros judiciales del condado de Miami-Dade, en Florida, documentan que el 16 de agosto de 2013 Martínez fue arrestado por el delito de hurto mayor en tercer grado. El expediente, registrado bajo el número 13-019119, se originó a raíz de denuncias presentadas por familiares de personas privadas de libertad y por víctimas que lo acusaron de haberles ofrecido —a cambio de dinero— asistencia legal e investigativa que jamás se materializó. Tras recibir los pagos, Martínez supuestamente desaparecía sin dar explicaciones ni dejar rastro.
Pese a haberse proyectado en plataformas digitales como analista político e investigador privado, las autoridades dominicanas afirman que esa imagen fue utilizada como fachada para encubrir una red de extorsión digital y chantaje mediático.
En tanto, el Ministerio Público, informó que Martínez enfrenta cargos por delitos tecnológicos, difamación agravada, asociación de malhechores y lavado de activos, sustentados en más de una decena de querellas interpuestas por víctimas de sus presuntas maniobras.
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De acuerdo con las investigaciones, el acusado habría capitalizado el descrédito de figuras públicas mediante la difusión de contenido difamatorio en YouTube y otras redes sociales, lo que le generó ingresos que ahora están bajo escrutinio en una pesquisa financiera de alcance internacional. En la actualidad, enfrenta procesos judiciales en República Dominicana y en otras jurisdicciones extranjeras, y sobre él pesa una orden de captura internacional.
Las revelaciones sobre su historial penal en Estados Unidos y la falta de acreditación profesional como detective privado cuestionan severamente la legitimidad con la que se ha presentado ante la opinión pública durante años. Las investigaciones continúan y podrían desembocar en nuevas imputaciones por delitos de carácter transnacional.
