Santo Domingo.- El aumento en los topes presupuestarios de los ayuntamientos conforme a la Ley 176-07 no implica ni permite el incremento de salarios de los alcaldes ni regidores, sino que responde a una necesidad real de dotar a los gobiernos locales de mayores capacidades operativas.
Además, con la nueva ley se busca responder a las demandas ciudadanas, cumplir con su mandato constitucional y fortalecer la descentralización.
Asimismo, persigue proporcionar mayor autonomía a los gobiernos locales, tal como lo establece la Constitución, y busca mejorar la gestión de éstos, así como garantizar servicios de la calidad.
También, establece el marco normativo para la organización, funcionamiento y competencias de los ayuntamientos en República Dominicana, pero la misma no contempla aumentos de gastos de representación o incremento de salarios de alcaldes ni regidores.
El artículo 140 de la Constitución expresa que ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus titulares o directivos.
En ese contexto, el aumento de los topes presupuestarios destinados a los ayuntamientos responde a la necesidad de fortalecer la gestión municipal, mejorar la calidad de los servicios públicos locales y cumplir con los nuevos retos del desarrollo territorial, sin que esto signifique un incremento en la compensación económica de los alcaldes u otras autoridades electas.
Aumento presupuestario
Lo que sí establece la modificación de la ley del Distrito Nacional y los municipios es un aumento de partidas presupuestarias que ahora estarán de la siguiente manera: Servicios municipales, un 40%, que incluye, limpieza, iluminación y seguridad comunitaria. Infraestructura menor, 25%, que implica caminos vecinales, parques y drenaje pluvial.
Siguiendo con Fortalecimiento institucional un 15%, que abarca capacitación, digitalización y sistemas de control; Programas sociales y desarrollo comunitario 15% que incluye juventud, género, medio ambiente y cultura y por último, Emergencia y Resiliencia un 5% para preparación ante desastres y salud comunitaria.
