Los imputados en la Operación Lobo ya están en la sala de audiencia del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde esta tarde se le conocerá medida de coerción al ser vinculados a una supuesta red que se encargaba de pagar y recibir sobornos para agenciarse con contratos de seguridad en varias instituciones públicas.
El Ministerio Público insiste en pedir al tribunal que imponga prisión preventiva, como medida de coerción, a un mayor general retirado y demás implicados en la sonada operación “Lobo“.
Los involucrados son: Carlos Robles Díaz, mayor general retirado del Ejército; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Ramón Quezada Ortiz, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández, Elías Caamaño Pérez y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, así como el primer teniente Wellington Peralta Santos, Bolívar Nicolás Fernández Espinal y el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González.
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La semana pasada, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Lobo contra una estructura que se apoyaba en la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas, un caso por el que hay 14 detenidos.
La operación, desarrollada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, incluyó la realización de 15 allanamientos en el Distrito Nacional y Santiago.
Un total de 26 fiscales de los órganos de investigación del Ministerio Público trabajaron con el apoyo de 189 agentes de la Policía Nacional para enfrentar la red que afectó al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
En el comunicado, la Dirección General de Persecución y la Pepca adelantaron que la investigación, que llevó al arresto de 14 personas, inició con una denuncia enviada al Ministerio Público por la gestión de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
