El Consejo de la Federación, cámara alta del Parlamento ruso, aprobó este viernes un proyecto de ley que castiga a quienes busquen de forma deliberada información catalogada oficialmente como “extremista” en internet. La medida, que se suma a una serie de normativas para endurecer el control estatal sobre el acceso digital, ya había sido aprobada por la Duma (cámara baja) a principios de semana y está lista para ser promulgada por el presidente Vladímir Putin.
La nueva legislación tipifica como delito la búsqueda intencional y el acceso a contenidos extremistas en línea, con sanciones que pueden alcanzar una multa de hasta 64 dólares. Aunque las autoridades aseguran que no afectará a los usuarios comunes, no se ha especificado cómo se distinguirá a quienes acceden de forma casual de aquellos que lo hagan “metódicamente”.
La ley se enmarca en una política estatal cada vez más restrictiva sobre el uso de internet y el acceso a contenido no autorizado por el Kremlin. La definición oficial de “extremismo” es amplia y ambigua, e incluye desde grupos opositores, como la Fundación Anticorrupción del fallecido líder Alexei Navalny, hasta organizaciones de defensa de derechos como el “movimiento LGBT internacional”, declarado ilegal por las autoridades rusas.
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No está claro aún cómo el Estado rastreará las búsquedas en línea ni qué herramientas utilizará para aplicar la ley, aunque expertos apuntan al uso creciente de tecnologías de inspección profunda del tráfico por parte del Roskomnadzor, el organismo de control de las comunicaciones.
Desde el inicio de la invasión a Ucrania en febrero de 2022, el gobierno ruso ha intensificado la represión contra voces críticas, cerrando medios independientes, bloqueando plataformas informativas y persiguiendo judicialmente a activistas, periodistas y usuarios de redes sociales por publicaciones consideradas “antipatrióticas”.
Paralelamente, las autoridades han incrementado los intentos de bloquear servicios de VPN, herramientas utilizadas por millones de rusos para eludir la censura digital. Pese a ello, la vigilancia digital estatal se ha vuelto más sofisticada, con la implementación de tecnologías capaces de identificar y bloquear protocolos cifrados.
Organizaciones de derechos humanos y defensores de la libertad de expresión advierten que estas medidas restringen aún más el acceso a información independiente y criminalizan la simple búsqueda de contenido disidente, en un entorno donde la libertad de expresión ya se encuentra gravemente limitada.
Yahoo Noticia
Por: Itzel Olivo
