El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, encabezó este viernes una rueda de prensa en el Palacio Nacional para presentar los detalles de la Ley núm. 82-25, promulgada el pasado 7 de agosto, que establece un marco normativo moderno y unificado para el régimen del Bien de Familia.
La nueva legislación dispone que los inmuebles beneficiados por el Plan Nacional de Titulación de Terrenos del Estado quedarán libres de la condición de bien de familia, eliminando así el impedimento de libre disposición y facilitando el acceso de miles de familias al crédito formal.
“Con esta normativa fortalecemos la protección de la vivienda fomentada por el Estado, garantizando que no podrá ser embargada ni vendida contra la voluntad de sus propietarios, y al mismo tiempo abrimos la puerta a un marco más ágil y moderno para la gestión patrimonial de quienes han recibido un título de un terreno público”, afirmó Paliza.
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Mayor seguridad jurídica y acceso a crédito
El director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez, destacó que esta ley es el resultado de un trabajo coordinado que “unifica criterios y procedimientos, eliminando trabas innecesarias y ofreciendo a las familias más claridad y seguridad jurídica sobre sus propiedades”.
La normativa mantiene la protección de los inmuebles construidos con fondos públicos —como parte del Plan Nacional de Titulación, proyectos de vivienda de bajo costo bajo la Ley de Fideicomisos o programas estatales de financiamiento—, asegurando que no puedan ser vendidos ni embargados, salvo en los casos en que no se cumpla con los requisitos de construcción con recursos estatales.
Por su parte, el director de Bienes Nacionales, Rafael Burgos, señaló que la ley permitirá que los propietarios y sus descendientes utilicen sus títulos de propiedad como garantía para enfrentar necesidades económicas urgentes.
Respaldo institucional
En el acto estuvieron presentes el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el senador Cristóbal Castillo; y el viceministro de la Presidencia, Roger Pujols, entre otras autoridades, quienes respaldaron la importancia de esta reforma legal.
Con la entrada en vigor de la Ley 82-25, el Gobierno busca equilibrar la protección de la vivienda familiar con la generación de oportunidades para el desarrollo económico, brindando a las familias herramientas más flexibles y seguras para gestionar su patrimonio.
