Santo Domingo.- La Universidad APEC (UNAPEC), a través de su Facultad de Humanidades y Derecho, organizó el conversatorio “El Ministerio de Justicia en el marco institucional dominicano”, con la participación del doctor Antoliano Peralta Romero, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y el licenciado Alejandro Moscoso Segarra, decano de la mencionada facultad.
La actividad se enmarcó en la agenda conmemorativa del 60 aniversario de UNAPEC y tuvo como objetivo reafirmar su misión institucional de ser un centro de pensamiento, análisis y reflexión crítica sobre los grandes desafíos del país. En su discurso de apertura, Álvaro Sousa, vicepresidente de la Junta de Directores del Grupo APEC, expresó: “Como academia nos corresponde propiciar espacios de diálogo donde se expongan con rigor las ventajas y las desventajas de iniciativas como esta, para que tanto la sociedad como nuestra comunidad educativa puedan ponderar con criterio qué es lo mejor para la nación”.
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Durante su intervención, el doctor Antoliano Peralta Romero advirtió que la implementación del Ministerio de Justicia supondrá un reto institucional, ya que “todas las leyes, especialmente las más importantes, hasta que no empiezan a aplicarse, no se conocen sus debilidades”. No obstante, instó a la comunidad académica y jurídica a acompañar el proceso de transición, convencido de que esta nueva entidad representará un paso firme hacia la modernización del marco institucional dominicano.
Peralta recordó que la idea de un Ministerio de Justicia no es nueva. “El ministerio de justicia no es una novedad en República Dominicana”, afirmó, al señalar que su existencia data de la primera Constitución de 1844 y que funcionó durante varios periodos históricos hasta su eliminación en 1964. Según explicó, su restablecimiento responde a la necesidad de fortalecer el sistema legal y eficientizar la administración de justicia.
El jurista explicó que, aunque algunos sectores consideran innecesaria la creación de este ministerio, se trata de una opinión minoritaria. “Este proyecto de ley fue discutido con todas las escuelas de Derecho, la Suprema Corte de Justicia, el Defensor del Pueblo, gremios empresariales, Participación Ciudadana y diversos actores del sistema, logrando un amplio consenso”, puntualizó.
Entre las atribuciones del nuevo Ministerio se destacan la representación legal del Estado en conflictos nacionales e internacionales (excepto los penales), la coordinación del sistema penitenciario, la supervisión de organizaciones no gubernamentales (ONG) y la formulación de políticas de prevención del crimen. Cada función estará a cargo de un viceministerio especializado, lo que permitirá un control y seguimiento más efectivo.
El licenciado Alejandro Moscoso Segarra, decano de Humanidades y Derecho, respaldó firmemente la propuesta. Recordó que, en su calidad de coordinador del Comisionado de Apoyo a la Reforma Judicial, presentó en 2005 un anteproyecto de ley para la creación de una Secretaría de Justicia con atribuciones similares. También citó pasajes de su artículo publicado en el periódico Listín Diario, donde destaca que esta iniciativa ya figuraba en la Constitución de 1844.
Moscoso Segarra reiteró que fue el presidente de la República, Luis Abinader, quien propuso separar de la Procuraduría General de la República las funciones no relacionadas con la persecución penal, como la política penitenciaria, la representación del Estado ante organismos internacionales, la coordinación de la Defensa Pública y la política criminal del Estado, todas funciones que deberían recaer en un Ministerio de Justicia.
