El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) refutó este martes las declaraciones del presidente Luis Abinader sobre la deuda pública.
Abinader dijo ayer que es el único que ha disminuido la deuda pública en términos relativos, mientras que ha tenido que destinar el 80 % de los préstamos que ha tomado su administración para pagar la deuda y refinanciar los que tomaron los gobiernos del PLD.
De acuerdo con el mandatario, durante el Gobierno de Leonel Fernández (2004-2012) la deuda del sector no financiero pasó de 28.0 % a 30.0 %, mientras que en los dos períodos consecutivos de Danilo Medina la deuda pasó de 30.5 % a 49.7 %.
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Sin embargo, según el PLD, los informes de la Dirección General de Crédito Público (DGCP) sobre las aplicaciones financieras del endeudamiento del Sector Público No Financiero (SPNF) muestran que entre 2021 y 2024 la composición del uso de la deuda ha sido prácticamente equitativa entre el financiamiento del déficit fiscal y el pago de deuda previa.
En promedio, el 52 % de los recursos se ha destinado al financiamiento del déficit y gasto corriente, mientras el 47 % se aplicó al pago o refinanciamiento de deuda existente, de acuerdo con el PLD.
«El comportamiento real de la deuda muestra que una parte significativa del endeudamiento se ha utilizado para cubrir déficits fiscales, es decir, gasto corriente y apoyo presupuestario», añadió.
Asimismo, indicó que la contratación de deuda para atender vencimientos (roll over) constituye una práctica normal y responsable en todos los países con mercados financieros desarrollados, incluyendo los miembros de la OCDE, ya que permite preservar la sostenibilidad del portafolio de deuda y optimizar los costos financieros del Estado.
«Atribuir este mecanismo a una “herencia” del pasado carece de fundamento técnico y distorsiona una práctica universal de gestión prudente de la deuda pública, utilizada por administraciones de distintos signos políticos dentro y fuera del país», sostuvo.
Como parte de las obligaciones de Estado, el PLD también asumió la deuda dejada por la administración anterior del entonces PRD (hoy PRM), «en un contexto de severo desorden financiero y de endeudamiento acelerado derivado de la crisis bancaria de 2003» durante el Gobierno de Hipólito Mejía.
