El gobierno de Nicolás Maduro rechazó este lunes la ayuda humanitaria de 14,5 millones de euros anunciada por la Unión Europea (UE) para atender la crisis venezolana, calificándola como “otra operación de corrupción disfrazada de solidaridad”.
El canciller Yván Gil aseguró que “ni un euro de esos fondos llegará al pueblo venezolano”, alegando que el dinero termina en “los bolsillos de intermediarios y supuestas ONG”.
“Ni un euro de esos fondos llega a nuestro pueblo. La Unión Europea no desarrolla ni registra ningún proyecto humanitario en Venezuela”, expresó Gil a través de su canal de Telegram.
El ministro también acusó a Bruselas de “hipocresía” por anunciar fondos para América Latina mientras impone recortes sociales en sus propios Estados miembros.
“Mientras Bruselas impone ajustes y limita los presupuestos de salud, vivienda y empleo, anuncia con orgullo millones para ‘ayuda humanitaria’ a Venezuela. Esos 14,5 millones no llegarán, serán como los 149 millones anteriores: corrupción disfrazada de solidaridad. ¡Basta de falsos pretextos! ¡Venezuela se respeta!”, subrayó.
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La reacción del chavismo se produjo poco después de que la Comisión Europea anunciara una nueva partida de 21,5 millones de euros en ayuda humanitaria para Venezuela, Haití y el Caribe, afectados por el huracán Melissa.
Según la nota oficial de Bruselas, los fondos estarán destinados a “proporcionar asistencia esencial como alimentos, atención médica, protección y ayuda de emergencia a quienes más lo necesitan”.
Del monto total, 14,5 millones serán para Venezuela, 5 millones para la respuesta al huracán Melissa (en Jamaica, Cuba y Haití) y 2 millones para atender a las víctimas de la violencia de pandillas en Haití.
La UE señaló que las prioridades en Venezuela se centrarán en salud, nutrición y protección, y recordó que las operaciones humanitarias se canalizan a través de socios verificados y organismos multilaterales, no mediante el gobierno venezolano.
Este nuevo choque entre Caracas y Bruselas se suma a una relación marcada por tensiones diplomáticas, sanciones mutuas y la suspensión de cooperación política directa desde 2021, cuando Maduro declaró persona no grata a la entonces embajadora de la UE, Isabel Brilhante Pedrosa.
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