El diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, denunció que el INTRANT está enfocándose en negocios privados y dejando de lado su responsabilidad de planificar, regular y garantizar la seguridad vial en República Dominicana.
Crespo criticó la nueva normativa sobre los cascos para motociclistas, asegurando que la medida “no busca seguridad, sino generar beneficios económicos”. Según explicó, cada casco autorizado tendría un costo de RD$3,500, y los motoristas estarían obligados a comprar dos unidades: uno para ellos y otro para el pasajero.
El legislador pidió al INTRANT cumplir la Ley 63-17 y enfocarse en mejorar la movilidad y la seguridad en calles, avenidas y carreteras, en lugar de “convertirse en una entidad para negocios personales en perjuicio de la población”.
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Crespo sostuvo que la regulación anunciada “desfigura el espíritu” de la Ley 63-17 y del Decreto 256-20, normas creadas para proteger la vida de los motociclistas, y no para abrir puertas a “negocios paralelos”.
El diputado recordó que la Ley 176-07 también obliga a los gobiernos locales a proteger el interés público y evitar distorsiones en la gestión municipal.
Sostuvo que tanto el conductor como el pasajero deben portar cascos certificados bajo estándares internacionales, como establece la ley, pero rechazó que se utilicen estas medidas para favorecer a empresas específicas.
“Abogamos por el cumplimiento real de la ley para garantizar la seguridad vial, pero no para que unos pocos se llenen los bolsillos a costa de motoristas humildes”, afirmó Crespo.
