El expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Teodoro Tejada, advirtió que numerosas obras del Estado siguen paralizadas debido al llamado “nudo legal”, el cual según afirmó persiste por la falta de aplicación igualitaria de la Ley 83-24, que regula la terminación de obras viales, escuelas, hospitales y otras infraestructuras públicas.
Tejada explicó que dicha ley tiene como propósito permitir la conclusión de obras suspendidas por falta de partidas presupuestarias, especialmente aquellas cuyo costo ha superado el 25 % del monto inicial contratado, así como proyectos que ni siquiera han iniciado por límites legales en la cubicación.
“Esta ley busca garantizar que escuelas, hospitales, carreteras, presas y otras obras públicas paralizadas puedan ser concluidas por sus entes contratantes, aun cuando hayan sobrepasado el tope presupuestario”, señaló.
Tejada recordó que esta pieza legislativa, sometida por el presidente Luis Abinader y aprobada posteriormente por el Congreso, fue diseñada precisamente para resolver el nudo legal que por años impidió la continuación de obras iniciadas en administraciones pasadas.
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Por ello, afirmó que toda obra pública cuyo presupuesto haya aumentado más de un 25 % debe ser amparada bajo la Ley 83-24. De no aplicarse, dijo, se estaría incurriendo en una violación constitucional, específicamente de los artículos 39 y 50, referentes al derecho a la igualdad y a la libertad de empresa.
Tejada advirtió que la falta de aplicación de la norma podría ser objeto de una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), conforme al artículo 72 de la Constitución, que protege los derechos fundamentales frente a actos u omisiones arbitrarias del Estado.
Asimismo, recordó que la Ley 83-24 modificó varios artículos de la Ley 118-21 y encargó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) actualizar los precios generales de dichas obras a partir del 17 de diciembre de 2024.
El exdirigente del CODIA insistió en que todas las obras cuyo contrato haya excedido el 25 % del monto inicial deben tener el mismo trato legal que las contempladas en el artículo 7 de la Ley 83-24, en cumplimiento del artículo 39 numeral 3 de la Constitución, que garantiza el derecho a la igualdad.
Agregó que el incumplimiento afecta no solo a las comunidades que llevan años esperando la terminación de esas infraestructuras, sino también a cientos de contratistas que atraviesan dificultades económicas por la paralización.
“Llamamos respetuosamente al presidente Luis Abinader Corona a instruir a los funcionarios para que cumplan con esta ley. Hay miles de dominicanos esperando la terminación de esas obras, y muchos contratistas ya no resisten más presiones financieras”, puntualizó.
