Ocho meses después del desplome del techo de la discoteca Jet Set, una tragedia que estremeció a la República Dominicana y que dejó de 236 fallecidos y más de 185 heridos, las familias de las víctimas continúan aferradas a su reclamo de justicia.
El dolor y la indignación volvieron a sentirse este lunes en la zona cero del Jet Set, donde decenas de personas se reunieron para recordar a las víctimas, entre rezos, abrazos y rostros marcados por la ausencia. Un grito unánime llenó el lugar: “Queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia en el Jet Set. Y no nos van a callar”.
La tragedia, que sacudió al país, arriba hoy a su octavo mes sin que los parientes de las victimas que perdieron la vida vean un avance significativo en los tribunales. El caso continúa estancado, pese a que el Ministerio Público ya depositó su acusación formal contra los propietarios del establecimiento, Maribel y Antonio Espaillat, quienes enfrentan el proceso en libertad bajo fianza desde el inicio.
Te puede interesar leer: Tragedia del Jet Set cumple hoy 7 meses mientras familiares de las víctimas siguen esperando justicia
Ambos están imputados por homicidio involuntario, un delito que en República Dominicana contempla una pena mínima de apenas dos años de prisión, lo que para muchos familiares representa una herida adicional en su búsqueda de justicia. Aquel 8 de abril, cuando cientos acudieron al concierto del legendario merenguero Rubby Pérez, jamás imaginaron que la estructura colapsaría sin aviso, convirtiendo una noche de celebración en el episodio más doloroso de sus vidas.
Según la acusación, los hermanos Espaillat, encargados de la operación del icónico local de entretenimiento en la avenida Independencia, Distrito Nacional, incurrieron en homicidio involuntario y en golpes y heridas involuntarias, delitos descritos en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.
La investigación se llevó a cabo por instrucciones directas de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien encomendó al director de Persecución y a la fiscal del Distrito Nacional encabezar las pesquisas para determinar las causas del derrumbe.
El expediente sostiene que los acusados agravaron su responsabilidad al sobrecargar el techo con equipos de climatización de gran tamaño y tinacos de agua sin realizar estudios técnicos previos que garantizaran la resistencia estructural. Además, ignoraron advertencias internas sobre el deterioro progresivo del edificio, priorizando el ahorro económico a pesar de los riesgos evidentes.
Los hallazgos técnicos fueron documentados por los peritos Leonardo de Jesús Reyes Madera (ingeniero sismorresistente), Eduardo A. Fierro (presidente de BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada (ingeniero patólogo), quienes determinaron que la edificación presentaba fallas críticas agravadas por intervenciones inadecuadas y falta de mantenimiento preventivo.
