El expediente de la operación Cobra detalla que parte fundamental del presunto entramado criminal dentro del Seguro Nacional de Salud (SENASA) dependió de la manipulación deliberada de los sistemas tecnológicos institucionales. El Ministerio Público sostiene que la estructura encabezada por el exdirector Santiago Marcelo Hazim Albainy habría utilizado controles internos para alterar registros contables clave y asegurar que las maniobras pasaran desapercibidas.
Según la investigación, la red subordinó al personal técnico y al área de Tecnología de la Información (TI), quienes habrían recibido instrucciones precisas para modificar datos en las bases de datos financieras y operativas. Esta subordinación permitió modificar el histórico del borderó, documento que registra reclamaciones médicas pendientes de pago y que refleja la salud financiera del seguro.
Los fiscales aseguran que, mediante estas alteraciones digitales, se logró ocultar millones de pesos en compromisos financieros y déficits acumulados, presentando ante entes reguladores e instancias gubernamentales estados financieros falsamente balanceados. La acción habría impedido alertas institucionales o auditorías correctivas.
Una parte clave de la acusación señala que el acceso al sistema era controlado por el círculo más cercano del exdirector, quienes autorizarían o bloquearían modificaciones técnicas según su conveniencia. La estructura digital habría sido utilizada como herramienta de encubrimiento masivo.
El Ministerio Público sostiene que la manipulación tecnológica permitió prolongar la operación fraudulenta sin ser detectada en auditorías internas, externas o revisiones de entidades estatales como la Contraloría General de la República o la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
Además de las modificaciones contables, el expediente sugiere que también se alteraron registros manuales y reportes financieros institucionales que respondían a los mismos datos informáticos. Esto permitió que la estructura presentara informes coincidentes entre diferentes áreas aun cuando estaban basados en información adulterada.
El Ministerio Público advierte que esta parte del esquema no solo constituye corrupción administrativa, sino también violación a sistemas críticos del Estado, con posibles implicaciones penales agravadas en materia de delitos tecnológicos.
La acusación concluye que el uso de los sistemas informáticos como plataforma de ocultamiento permitió extender el presunto fraude por varios años y consolidar decisiones administrativas sin cuestionamientos internos ni externos.
