La Cámara de Diputados de Brasil aprobó en la madrugada de este miércoles un proyecto de ley que podría reducir de forma significativa la condena del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una pena de 27 años de prisión por golpismo, si la medida recibe el respaldo del Senado.
La propuesta obtuvo 291 votos a favor, 148 en contra y una abstención, y beneficiaría tanto al exmandatario como a otros implicados en los actos golpistas ocurridos tras las elecciones de 2022.
El proyecto establece que ambas condenas, al considerar que tienen tipificaciones similares, no podrán acumularse, por lo que solo se aplicaría la pena más grave: la correspondiente al delito de golpe de Estado, con un máximo de 12 años, además, plantea que, cuando los crímenes de golpismo sean cometidos por una “multitud”, como el asalto a las sedes de los poderes del Estado en Brasilia el 8 de enero de 2023, la pena pueda reducirse hasta dos tercios.
Entre las principales modificaciones figura también un cambio en la progresión de régimen: los condenados podrán pasar del régimen cerrado al semiabierto con mayor rapidez, tras cumplir al menos una sexta parte de la pena, o una cuarta parte si hubo violencia.
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El ponente del texto, el diputado Paulo Pereira da Silva, aseguró que, con estos ajustes, Jair Bolsonaro podría abandonar el régimen cerrado en poco más de dos años, entre los potenciales beneficiados se encuentran altos mandos militares y exministros sentenciados por apoyar la intentona golpista después de la derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
Durante el debate, Pereira sostuvo que la iniciativa representa un gesto de “reconciliación” y de “corrección de excesos” cometidos por el Supremo Tribunal Federal, aunque remarcó que no elimina la “responsabilización”.
Desde la bancada del Partido de los Trabajadores (PT), Lindbergh Farias criticó enérgicamente la propuesta al afirmar: “Esta cámara está abrazando el golpismo”, el Partido Liberal de Bolsonaro intentó inicialmente promover una amnistía total que anulara la condena, pero la mayoría de los partidos, incluidos sectores de la derecha, rechazaron esta posibilidad. Finalmente, los diputados más radicales aceptaron una versión menos amplia. Sóstenes Cavalcante, líder de ese bloque, reconoció que “era el texto posible” y que Bolsonaro respalda la medida.
El bolsonarismo sigue negando la existencia de un intento real de golpe de Estado y afirma que el Supremo actuó con motivaciones políticas, calificando el asalto del 8 de enero como simple vandalismo. La sesión estuvo marcada por tensiones y episodios de protesta, incluido el momento en que el diputado de izquierda Glauber Braga ocupó el sillón de la presidencia antes de ser retirado por la fuerza.
En declaraciones previas a su expulsión, Braga sostuvo: “Permaneceré aquí con calma, con total tranquilidad, ejerciendo mi legítimo derecho político de no aceptar como un hecho consumado una amnistía a un grupo de golpistas”.
