Bogotá (EFE).- El Gobierno de Colombia calcula que el 37 % de los miembros del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC que es liderada por alias Iván Mordisco, son menores de edad reclutados forzadamente por ese grupo armado, informó este miércoles el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.
«Calculamos que las disidencias de Mordisco podrían tener alrededor, en algunos sectores, de casi un 37 % de menores», expresó el ministro de Defensa durante un debate de moción de censura en su contra en el Congreso.
Sánchez Suárez detalló que el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), la disidencia comandada por alias Calarcá, registra aproximadamente un «15 % de combatientes menores en sus filas». En contraste, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) presenta una cifra que oscila en un 10 %, y el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, en un 5 %.
El jefe de la cartera de Defensa instó a reflexionar sobre las causas del fenómeno. «Eso que vemos es el efecto, no la causa. ¿Por qué surge esta amenaza? ¿Será por la fuerza pública? Son muchas causas, una de ellas podría uno decir que es la corrupción, que quita oportunidades», agregó.
Cauca, epicentro del reclutamiento infantil
Actualmente en Colombia, en promedio, cada 20 horas un menor de edad es reclutado o utilizado en el conflicto. Según Unicef, entre 2019 y 2024, ese flagelo se disparó un 300 %, coincidiendo con la conversión de las redes sociales en un nuevo método de alistamiento.
Aunque el rastreo de los casos de reclutamiento forzado es difícil, las estimaciones señalan que más de la mitad ocurren en el Cauca (suroeste), uno de los departamentos históricamente más afectados por la violencia.
En cifras de la Defensoría del Pueblo, al menos 123 niños, niñas y adolescentes los grupos armados en Colombia reclutaron entre enero y septiembre de este año por los grupos armados en Colombia.
Por otra parte, el tema se avivó tras la orden del presidente Gustavo Petro de realizar varios bombardeos contra el Estado Mayor Central desde octubre, en los que murieron al menos doce menores que estaban en las filas de ese grupo. Esto encendió un debate nacional sobre el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH), la responsabilidad estatal y el papel de los grupos armados en el reclutamiento.
Además, en respuesta a la controversia, el ministro Sánchez Suárez enfatizó que los fallecidos no eran civiles. «Qué pena, aquí no estamos hablando de niños. Estamos hablando de menores combatientes, no estamos atacando ningún jardín infantil», sentenció el alto funcionario.
