Al acoger la solicitud del Ministerio Público, los jueces de un tribunal colegiado de La Vega condenaron a 30 años de prisión a dos hombres que asesinaron a otro con un arma de fuego ilegal en un taller de repuestos de motocicletas ubicado en el sector La Hierba, en el año 2023.
Alan Paniagua Jaquez y Pablo de los Santos Cuevas (Edwin) mataron a Wilson de Jesús Quiroz Rosario, a quien hirieron por la espalda, el costado derecho y el abdomen, así como en el antebrazo y la rodilla derecha y el muslo izquierdo.
Por el crimen también fueron procesados Roesmil Ceballos Morales (Nueva York) e Isidro Vicente Ortega, este último hermano de la víctima, a quienes les fue dictado un auto de no ha lugar en la etapa intermedia del proceso.
Un quinto hombre identificado como Denver se encuentra prófugo.
Según establece el expediente acusatorio, los hechos ocurrieron dentro del citado establecimiento en fecha 28 del mes de marzo del año 2023, entre la 1:00 o las 2:00 de la tarde, indica que el occiso había estado en prisión por asuntos de drogas y que luego de obtener su libertad intentó volver a incurrir en esa actividad ilícita, generándose los conflictos que derivaron en el crimen por el control de territorio.
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Paniagua Jaquez fue acusado de asociarse a De los Santos Cuevas para cometer el homicidio voluntario con premeditación y asechanza con el uso de arma de fuego, en tanto que a Ceballos Morales se le atribuyó servir de intermediario entre los coacusados para cometer el crimen y a Ortega entregar al identificado como Denver el arma y el dinero en efectivo para el pago del sicariato, un total de RD$300 mil.
La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, ponderó la sentencia condenatoria. “Esta condena confirma nuestro compromiso firme de que la criminalidad organizada no tendrá espacio ni quedará impune”, manifestó.
En la investigación y litigación del caso el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal litigante Yurisan Ceballos, quien aportó los medios de prueba al Segundo Tribunal Colegiado de La Vega, integrado por los jueces Martín de la Mota, Fernando Abreu y Ariella Cedano, quienes ordenaron el cumplimiento de la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
Distinta pruebas documentales, periciales, testimoniales, materiales e ilustrativos sustentaron la acusación por violación a los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298, 302 y 304 del Código Penal dominicano, y los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, que tipifican y sancionan la asociación de malhechores para cometer homicidio voluntario con premeditación y asechanza con el uso de arma de fuego ilegal.
