Por: Ling Almánzar.-
En la mañana de este viernes se reiniciará el caso Calamar, que involucra a grandes exfuncionarios acusados de corrupción, incluyendo al excandidato presidencial y exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.
Por cierto, la defensa de Castillo participará en la audiencia de hoy, a partir de las 9:00 a. m., exponiendo sus argumentos en contra de las acusaciones que se le formulan.
El caso involucra también a los exministros Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y de Hacienda, Donald Guerrero, así como al entonces director de Casinos Oscar Chalas Guerrero. Todos están acusados de sustraer unos 19 mil millones de pesos, estafando al Estado dominicano.
El Ministerio Público ya hizo su presentación de argumentos y acusaciones, imputando a los encartados por supuesta prevaricación, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Asegura, asimismo, que el dinero obtenido ilícitamente sirvió para financiar la campaña presidencial de Gonzalo Castillo en el 2020.
Luego expusieron los querellantes, la mayoría de los cuales retiraron sus querellas y abandonaron el proceso, alegando que los pagos realizados se hacían de acuerdo a la ley, ya que los desembolsos eran propiedad de los dueños de las tierras y no del Estado.
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Chalas Guerrero, exdirector de Casinos, admitió los hechos, se declaró culpable y devolvió 17 millones de pesos. Los demás encartados se declararon inocentes hasta que se les demuestre lo contrario, arguyendo que las tierras negociadas habían sido declaradas de utilidad pública, por lo que esas parcelas fueron ocupadas por el Estado y pagadas al precio establecido en los tribunales. Debido a esto, argumentaron que no hubo delitos en esas negociaciones.
La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tiene a su cargo la celebración de la audiencia.
Al caso se refirió el vicepresidente del PLD, Yván Lorenzo, al afirmar que hubo «fraude procesal» en el informe de auditoría presentado por la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, en el cual se fundamentó la acusación del Ministerio Público.
