Washington ha comenzado a poner cifras concretas a una idea que durante años fue vista como una provocación política. La Administración de Donald Trump estima que la eventual adquisición de Groenlandia podría costar hasta 700,000 millones de dólares, según revelaron fuentes citadas por NBC News y CBS News.
La valoración, elaborada por académicos y exfuncionarios de alto nivel, forma parte de un proceso interno que ya no se limita a la especulación. De acuerdo con un alto cargo de la Casa Blanca, el secretario de Estado Marco Rubio habría recibido el encargo de presentar en las próximas semanas una propuesta formal relacionada con la compra del territorio ártico, considerada internamente como una prioridad estratégica.
No obstante, la respuesta desde Dinamarca y desde el propio territorio autónomo ha sido categórica. La ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, afirmó en Washington que la isla “no quiere ser propiedad de ni formar parte de Estados Unidos”, y denunció que la población enfrenta una presión política sin precedentes. En la misma línea, la ministra de Recursos Minerales, Naaja Nathanielsen, reconoció que la situación está afectando el clima social y el bienestar de los habitantes.
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Pese al rechazo, Trump ha reiterado su postura. “Me encantaría llegar a un acuerdo con ellos. Pero de una forma u otra, tendremos a Groenlandia”, declaró recientemente, una afirmación que ha generado inquietud en Europa ante el temor de que una escalada diplomática pueda tensar las relaciones dentro de la OTAN.
El interés de Washington va más allá del discurso político. Groenlandia ocupa una posición estratégica clave en el Ártico, región cada vez más disputada por Estados Unidos, Rusia y China. En la isla ya existe presencia militar estadounidense, incluida la base espacial de Pituffik, crucial para los sistemas de alerta temprana frente a posibles amenazas. Además, el territorio alberga importantes yacimientos de minerales estratégicos y tierras raras, cuyo valor potencial se estima en billones de dólares, aunque su explotación sigue siendo limitada.
Algunos asesores de la Casa Blanca sostienen que la compra directa no es la única opción. Entre las alternativas se baraja un pacto de libre asociación, similar a los acuerdos que Washington mantiene con Micronesia o Palaos, lo que permitiría ampliar la influencia y presencia militar estadounidense sin recurrir a una anexión formal. Esta vía sería, además, considerablemente más económica que el precio estimado de compra, situado entre US$500,000 y US$700,000 millones.
En el Congreso estadounidense, sin embargo, crecen las resistencias. Un grupo bipartidista de senadores presentó una iniciativa para impedir que el Pentágono utilice fondos federales para imponer control sobre el territorio soberano de un aliado de la OTAN sin su consentimiento, advirtiendo del alto costo político y diplomático de cualquier intento de presión.
Estados Unidos tiene precedentes históricos de adquisiciones territoriales, como Luisiana o Alaska, pero el contexto actual es distinto. La autodeterminación de los pueblos y la soberanía nacional hacen que la idea de “comprar” un territorio resulte hoy profundamente controvertida. Mientras tanto, tanto en Nuuk como en Copenhague insisten en que el futuro de Groenlandia solo puede decidirlo su propia población.
