La Primera Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Duarte ordenó al alcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, suspender de manera inmediata la colocación de inmovilizadores de vehículos, así como el cobro de una multa de RD$1,500, hasta tanto se conozca el fondo del proceso que persigue la eliminación de esta medida.
La decisión fue adoptada por la magistrada Valentina Marte Alvarado, quien acogió el recurso de medida cautelar interpuesto por el abogado Jer Yan Lantigua de la Cruz, en contra de la aplicación de sanciones a vehículos que el cabildo considera mal estacionados.
Con la orden judicial queda suspendida, de forma temporal, la colocación de los inmovilizadores de neumáticos, conocidos popularmente como zapato o bastón, y el cobro de la multa establecida, hasta que la Primera Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia se pronuncie sobre el fondo del recurso contencioso administrativo municipal.
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El tribunal rechazó la solicitud del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís que buscaba la inadmisibilidad del recurso, y en consecuencia declaró buena y válida la medida cautelar sometida por Lantigua de la Cruz.
En el numeral dos del dispositivo, el tribunal dispuso “la suspensión inmediata de las actuaciones del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís relativas a la prohibición de estacionamientos en lugares no estipulados por la Ley número 63-17, y la colocación de artefactos inmovilizadores tipo candados a vehículos estacionados en distintos puntos del municipio, así como el cobro de una multa por valor de mil quinientos pesos (RD$1,500.00) en virtud de la ordenanza 04/2024 por concepto de infracción de tránsito, hasta tanto este tribunal estatuya sobre el recurso que versa al respecto”.
Consultado sobre la decisión, el abogado Lantigua de la Cruz valoró el fallo judicial al considerar que se enmarca en el respeto a la legalidad y la institucionalidad.
“Nadie, por más poder que tenga, y por más alcalde que sea, puede colocarse por encima de las normas establecidas”, expresó.
La medida judicial se produce en medio de cuestionamientos ciudadanos a la aplicación de inmovilizadores y sanciones económicas por parte del cabildo, mientras el tribunal se prepara para conocer el fondo del caso que definirá la legalidad de la ordenanza municipal impugnada.
