Por Raúl Germán Bautista.- Este viernes 27 de febrero, el presidente de la República, Luis Abinader, presentará ante la Asamblea Nacional su rendición de cuentas, la segunda de su actual mandato. El discurso llega en un momento clave: varias reformas y pactos estructurales, anunciadas, discutidas y, en algunos casos, firmadas, permanecen pendientes de ejecución o aprobación definitiva.
La lista incluye la reforma fiscal, la laboral, el Pacto por el Agua, el Pacto Eléctrico y el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, entre otros compromisos. Todos comparten un denominador común: la urgencia de pasar del enunciado a la aplicación efectiva, para algunas, y para otras revisar si están siendo efectivas o no.
El Pacto Eléctrico, suscrito el 25 de febrero de 2021, pretendía sentar las bases para un sistema energético sostenible y financieramente viable. Sin embargo, el sector continúa arrastrando pérdidas millonarias, rezagos en transmisión y una alta dependencia de la central termoeléctrica Punta Catalina.
Especialistas advierten que el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) mantiene fragilidades estructurales, entre ellas la insuficiente incorporación de nuevas plantas y la concentración de la generación en pocas infraestructuras estratégicas. El país, sostienen, no está preparado para prescindir de determinadas unidades sin afectar la estabilidad del suministro y de no sufrir otro “apagón generalizado”.
El presidente ha señalado que uno de los ejes del pacto es fijar metas claras a las empresas distribuidoras (EDES), donde se concentra el mayor drenaje de recursos.
Persisten, no obstante, el fraude eléctrico, las debilidades en la red de transmisión y la discusión sobre subsidios como el denominado “bono luz”.
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Para diversos analistas, el pacto requiere una revisión que permita evaluar avances, redefinir plazos y fortalecer los mecanismos de cumplimiento.
SEGURIDAD VIAL: CIFRAS QUE ALARMAN
El Pacto Nacional por la Seguridad Vial, firmado el 18 de noviembre de 2024, busca reducir en un 50 % la mortalidad por accidentes de tránsito para 2030 y mejorar la interoperabilidad de los sistemas de información. Sin embargo, los resultados aún no muestran una inflexión clara.
El propio mandatario reconoció que, históricamente, los accidentes de tránsito cobran más vidas que la pandemia. Entre 2016 y 2024, 26,257 personas resultaron afectadas en el país, con mayor incidencia los fines de semana. Solo en 2023, 121,850 personas sufrieron lesiones, lo que representó un costo estimado de RD$130,000 millones para el sistema de salud.
Un dato especialmente preocupante: entre enero y septiembre de 2024, el 25 % de los fallecidos tenía entre 25 y 34 años. La mayoría de los casos se concentró en el Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y La Altagracia.
El crecimiento del parque vehicular añade presión: entre 2020 y septiembre de 2024 aumentó en 57 % el número de motocicletas, 18 % el de automóviles, 8.9 % el de camiones y 2.5 % el de autobuses. Las motocicletas están involucradas en cerca del 70 % de los accidentes mortales, según datos oficiales.
El desafío es doble: reforzar la fiscalización, mejorar la formación y control en la expedición de licencias, especialmente a motociclistas, y promover una movilidad más sostenible.
REFORMA LABORAL: CONSENSO PENDIENTE
La reforma laboral continúa en debate en el Congreso Nacional. Empresarios y trabajadores mantienen diferencias en puntos sensibles, como la cesantía y las nuevas modalidades de contratación.
La Comisión Permanente de Trabajo de la Cámara de Diputados ha reiterado que el proyecto será prioridad tras la rendición de cuentas presidencial. Sin embargo, aprobar una reforma sin un consenso amplio podría debilitar su legitimidad y su aplicación futura.
PACTO POR EL AGUA: UNA LEY POSTERGADA POR DÉCADAS
El Pacto por el Agua aspira a destrabar la aprobación de una Ley de Aguas que lleva más de 20 años en discusión legislativa. La iniciativa busca actualizar una normativa con más de seis décadas de vigencia y establecer un sistema integral de gestión del recurso hídrico.
Expertos subrayan la necesidad de regular el consumo, ordenar los asentamientos cercanos a afluentes y garantizar la preservación del agua para uso doméstico, agrícola e industrial. La adaptación a los estándares del siglo XXI es vista como condición indispensable para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030.
REFORMA FISCAL: LA MÁS CONTROVERTIDA
Si hay un punto que divide a la opinión pública es la reforma fiscal. El intento más reciente fue el proyecto de Ley de Modernización Fiscal, retirado del Congreso en octubre de 2024 ante el amplio rechazo social.
En aquella ocasión, el presidente Abinader sostuvo que “en una democracia se puede conseguir todo con el pueblo, pero nada contra el pueblo”. El proyecto proponía, entre otras medidas, un tope al crecimiento del gasto público, la fusión de tres ministerios, la eliminación de ocho entidades y ajustes al sistema tributario.
Uno de sus ejes contemplaba fortalecer la protección social, con un aumento del 21 % en la asignación al programa Aliméntate y una mejora sustancial del salario mínimo, incluido el del sector público, que pasaría de RD$10,000 a RD$15,000. Otro eje priorizaba la inversión pública hasta alcanzar el 5 % del PIB, por encima del promedio regional. La retirada del proyecto no eliminó el debate: solo lo postergó.
En conclusión, con mayoría en el Congreso, el Gobierno enfrenta la responsabilidad de traducir los pactos en leyes efectivas y sostenibles. La estabilidad económica, la transición energética, la seguridad vial y la gestión del agua no admiten dilaciones indefinidas.
La rendición de cuentas no solo habría de ser un balance de lo realizado, sino una señal de la voluntad política para concretar reformas que definan el rumbo del país en el mediano y largo plazos.
