El Gobierno español y la Conferencia Episcopal Española suscribieron este lunes un acuerdo para indemnizar a víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia en casos que no pueden recurrir a la vía judicial.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, explicó que se trata de un acuerdo alcanzado en enero dirigido a víctimas cuyos casos han prescrito o en los que el agresor ha fallecido, lo que les impide acudir a los tribunales.
Tras la firma en Madrid, Bolaños calificó el hecho como “un día de justicia” para miles de víctimas que sufrieron abusos dentro de la Iglesia Católica y que, en su momento, no fueron escuchadas, fueron cuestionadas o quedaron en el olvido.
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Según el ministro, el modelo acordado es pionero a nivel mundial, ya que establece que el Estado tendrá la última palabra en la determinación de las compensaciones, mientras que la Iglesia asumirá el pago de las reparaciones correspondientes.
El acuerdo no fija baremos específicos de indemnización, sino que cada caso será evaluado de manera individual en un proceso en el que participarán el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo, aunque la decisión final recaerá en el Estado.
Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, afirmó que el acuerdo representa un gesto de reconocimiento de responsabilidad, incluso en casos en los que los delitos han prescrito o los acusados han fallecido.
Este acuerdo se produce en un contexto en el que el Defensor del Pueblo, a solicitud del Parlamento español, publicó en 2023 un informe que estima que más de 200,000 menores fueron víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos desde 1940.
La cifra podría ascender a 400,000 si se incluyen los abusos cometidos por laicos en entornos religiosos.
Por otro lado, una auditoría encargada por la propia Iglesia cifró en al menos 2,056 las víctimas identificadas en estos casos.
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