Madrid, 7 abr (EFE).— El Gobierno de España aprobó este martes un proyecto para blindar y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública mediante una reforma constitucional, aunque su aprobación enfrenta dificultades por la necesidad de una amplia mayoría parlamentaria.
La iniciativa es impulsada por el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, con el propósito de “proteger” el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y reforzar la obligación de garantizar su ejercicio en condiciones sanitarias adecuadas en todo el territorio.
La propuesta busca seguir el ejemplo de Francia, que en marzo de 2024 se convirtió en el primer país en incluir explícitamente este derecho en su Constitución.
El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución tras recibir el informe favorable del Consejo de Estado, que consideró la propuesta constitucional.
No obstante, la reforma requiere el respaldo de tres quintos del Parlamento, tanto en el Congreso como en el Senado.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, afirmó que la medida busca avanzar en el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de las mujeres y su protección “frente a dinámicas regresivas”.
Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, señaló: “No está en riesgo la libertad de las mujeres, pero sí el ejercicio real y efectivo en todo el territorio nacional”.
La funcionaria indicó que el 79 % de los abortos se realizan en centros privados y solo el 20 % en centros públicos.
Para su aprobación, la reforma necesita el apoyo del Partido Popular (PP), principal fuerza opositora, que ya ha manifestado su rechazo a la iniciativa.
R.B
