Los abogados del gobierno de Estados Unidos informaron a un juez federal que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aún tiene la intención de deportar a Kilmar Ábrego García a Liberia, pese a un nuevo acuerdo con Costa Rica para aceptar a deportados que no pueden ser devueltos legalmente a sus países de origen.
El caso del ciudadano salvadoreño se ha convertido en un punto central del debate migratorio después de que el año pasado fuera deportado por error a El Salvador. Desde su regreso, ha luchado contra una segunda deportación a una serie de países africanos propuesta por funcionarios de Seguridad Nacional.
La jueza federal de distrito Paula Xinis, de Maryland, ya había prohibido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) que lo deportara o lo detuviera. Ella escribió que la agencia no tiene un plan viable para deportar realmente a Ábrego García, y en febrero se refirió a “una amenaza vacía tras otra de expulsarlo a países de África sin ninguna posibilidad real de éxito”.
Ábrego García ha sostenido que, si va a ser deportado, debería ser a Costa Rica, que previamente aceptó recibirlo. Pero Todd Lyons, jefe interino del ICE, señaló en un memorando emitido en marzo que deportar a Ábrego García a Costa Rica sería “perjudicial para Estados Unidos”. Lyons escribió que Ábrego García debería ser enviado a Liberia porque Estados Unidos ha gastado recursos gubernamentales y capital político negociando con la nación de África occidental para que acepte a nacionales de terceros países.
