El Gobierno de la República Dominicana, a través del Ministerio de Defensa, desplegó acciones inmediatas de supervisión y respuesta en las provincias de El Seibo y Hato Mayor, tras las intensas lluvias que han impactado la región Este del país.
El recorrido fue encabezado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, quien junto a autoridades civiles y organismos de emergencia constató en el terreno los efectos provocados por el desbordamiento de ríos y cañadas, así como las inundaciones que han afectado vías de comunicación y comunidades vulnerables.
Durante la jornada, las autoridades verificaron daños significativos en infraestructuras clave, incluyendo el desbordamiento del puente sobre el río El Seibo, el puente de La Piedra en la sección La Isabelita y el puente en Dos Bocas de Arroyo Grande, situaciones que han generado incomunicación en diversas localidades.
Como parte de la respuesta inmediata del Gobierno, se coordinó con el Ministerio de Obras Públicas la asignación urgente de equipos pesados para labores de dragado y limpieza, mientras que, a través de la asistencia social de la Presidencia, se dispuso el envío de miles de raciones alimenticias y colchones para las familias afectadas.
Asimismo, se fortaleció la capacidad operativa de los organismos de respuesta, incluyendo el Centro de Operaciones de Emergencias y la Defensa Civil Dominicana, garantizando una intervención articulada y oportuna en beneficio de la población.
Estas acciones reflejan el firme compromiso del Gobierno dominicano con la protección de la vida, la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos, especialmente en situaciones de vulnerabilidad.
Las autoridades informaron que se mantendrá un monitoreo constante de la situación, al tiempo que se evaluarán soluciones estructurales a mediano plazo para fortalecer la resiliencia de las infraestructuras afectadas y reducir riesgos ante futuros eventos climáticos.
Con estas acciones, el Gobierno reafirma su compromiso con la protección de la población, el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del Estado y la garantía de condiciones seguras para el desarrollo de las comunidades.
