Seis de las principales alcaldías del sur y suroeste del país no ofrecen información en los portales institucionales y de publicidad sobre las convocatorias de concursos, no los realizan para otorgar las obras, además de que contratan a proveedores no registrados como tales por el Estado.
De acuerdo a un estudio difundido hoy, realizado por Participación Ciudadana, en alianza con el Centro de Planificación y Acción Ecuménica (Cepae) y el auspicio de la Unión Europea (UE), los ayuntamientos de Barahona, San Juan de la Maguana, Baní, San José de Ocoa, San Cristóbal y Azua, también incurren en el fraccionamiento del costo de las obras.
El estudio «Compras y contrataciones públicas en los gobiernos locales: Un desafío de los municipios en el siglo XXI» precisó que solo dos de los seis ayuntamientos cumplen con la disposición del artículo 68 de la ley 488-08 sobre régimen regulatorio para el desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
Ese artículo ordena a todas las entidades contratantes, que al momento de hacer su presupuesto deben reservar el 20 % para asignarlo a compras y contrataciones a través de las Miymes.
En cuanto a la sociedad civil, el estudio detectó que esta tiene poco conocimiento de la ley 340-06; que los munícipes no son debidamente informados sobre los procesos por parte de los ayuntamientos, y que las autoridades locales no dan participación a la comunidad en la selección de las obras, lo que complica ejercer veeduría social.
La economista e investigadora Guadalupe Valdez, quien presentó los hallazgos y recomendaciones de la investigación, afirmó en un documento que «sin democracia local no hay democracia ni Estado de derecho en nuestro país».
A su juicio, para lograr una mayor integración de la sociedad civil y que haya transparencia en estos procesos se deben propiciar espacios para que desde los suplidores y la ciudadanía exijan al gobierno local de por qué escogieron a un determinado suplidor y no a otro.
«Hay que seguir haciendo investigaciones para conocer nuestra realidad y así reclamar el cumplimiento de la Ley sobre la base del dato científico de la evidencia; y se necesita de capacitación para conocer los procesos y fortalecer la capacidad de incidencia de los diferentes actores», sostuvo la exdiputada.
El director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel, expresó que «los resultados de este estudio conducen a retos y desafíos para garantizar la implementación y cumplimiento de las recomendaciones que contiene».
Es de opinión de que los gobiernos locales tienen el rol y desafío de la implementación de «amplias disposiciones normativas», pero cuando se trata de las contrataciones públicas, el nivel de impulso e incidencia en las organizaciones sociales se debe redoblar para evitar el «despilfarro» y «la corrupción».
La investigación, dijo Participación Ciudadana, se realizó apegada a la Constitución dominicana, la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12), así como lo establecido en la ley 340-06 de compras y contrataciones públicas y su alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.EFE
