El juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, se retiró a deliberar la decisión sobre las medidas de coerción contra los 11 exfuncionarios, acusados de corrupción.
Para la mayoría de los imputados, exceptuando a Rafael Germosén, el Ministerio Público entendía que era necesario imponer un año de prisión preventiva como medida de coerción e insistió en que el caso se declarase complejo.
Asimismo, solicitó al tribunal inmovilizar las operaciones de las empresas vinculadas a Alexis Medina, a fin de evitar que puedan hacer transferencias de acciones y activos del entramado societario.
Mientras que los abogados de la defensa de los imputados pidió al juez la libertad pura y simple para sus clientes, alegando que no representan peligro, problemas de salud y la edad de alguno de ellos.
