SANTO DOMINGO.- La procuradora General de la República, Miriam Germán, designó al magistrado Miguel Rafael de Jesús Estrella Toribio para que trabaje de manera conjunta con el administrador de la Lotería Nacional, Teófilo Quico Tabar en la persecución de los delitos relacionados a las bancas de apuestas ilegales.
“Por medio de la presente y luego de un cordial saludo, tenemos a informarle que, hemos designado al Magistrado Miguel Rafael de Jesús Estrella Toribio, procurador general de Corte de Apelación, como miembro del Ministerio Público para trabajar de manera conjunta y coordinar con las distintas Fiscalías la persecución de los delitos relacionados a las bancas ilegales. Todo esto, para su conocimiento y fines correspondientes”, dice una comunicación, con fecha de este lunes 27 de junio.
De acuerdo a la comunicación, de Jesús Estrella Toribio es procurador general de la Corte de Apelación.
ASOCOL: “Regulación del sector de juegos de lotería es una necesidad nacional”
Se recuerda que en febrero pasado, el presidente de la República, Luis Abinader, declaró de interés nacional la regularización de las bancas de loterías que operan en territorio nacional.
La decisión está contenida en el decreto 63-22, que además otorga la responsabilidad al Ministerio de Hacienda de elaborar o proponer los instrumentos normativos que sean necesarios para el Plan de Regularización.
También, mediante el decreto se crea un Consejo Consultivo para el seguimiento del plan y lo integra un representante del Ministerio de Hacienda, de la Dirección General de Impuestos Internos, de la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca), de los concesionarios, de los consorcios y demás grupos independientes de bancas, el administrador de la Lotería Nacional y dos miembros del Consejo Consultivo de ese organismo.
El titular de la Lotería fungirá como coordinador de ese consejo.
En uno de los considerandos, el Ejecutivo destaca que el sector de las bancas de loterías representa una importante fuente de recaudación para la hacienda pública, razón por la que entiende es indispensable para el Estado tener certeza del registro y control de las bancas provistas de la debida licencia para operar.
