Con el fin de continuar robusteciendo la implementación de buenas y sanas prácticas bancarias, la Superintendencia de Bancos (SB) publicó una serie de recomendaciones para fortalecer el gobierno corporativo de las entidades de intermediación financiera (EIF).
Las recomendaciones se encuentran en el informe Mejores prácticas gobierno corporativo – Consejo y Alta Gerencia, como resultado de la revisión a nueve entidades financieras enfocada en las principales tendencias del sector.
En su estudio, la SB abordó temas como los procesos y criterios utilizados para la selección de los miembros del Consejo y la Alta Gerencia, para su nombramiento y remuneración, así como la evaluación del desempeño los criterios para la categorización de los miembros independientes, la formación académica y la capacitación en áreas relevantes, entre otros, identificando oportunidades de mejora.
De esta manera, el informe resume los lineamientos que deben considerar las EIF para operar en consonancia con las orientaciones de organismos internacionales como el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Office of the Comptroller of the Currency de los Estados Unidos de América (OCC), y la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), entre otros.
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Levantamiento de datos
La evaluación siguió un proceso utilizado internacionalmente, que consistió en el diseño de una encuesta sobre sus prácticas de gobierno. La compilación y el análisis de las respuestas remitidas por las entidades implicó visitas in situ, en el marco de una inspección temática, con el objetivo de asegurar la precisión de las respuestas y aprovechar aclaraciones adicionales ante situaciones de interés.
La SB informó que continuará profundizando en materia de gobernanza y brindando orientación oportuna para la implementación de buenas prácticas. Esta revisión, junto con otras iniciativas en curso, procura afianzar el enfoque de Supervisión Basada en Riesgos (SBR). Este abordaje supone la implementación de un modelo de supervisión centrado en el análisis y la evaluación de los riesgos de las EIF y la forma en que estos son gestionados.
