El presidente Donald Trump ha ampliado su campaña de represalias contra los abogados que considera adversarios de su administración con un nuevo memorándum, titulado «Prevención de abusos del sistema jurídico y del Tribunal Federal».
El documento, divulgado por la Casa Blanca, ordena a los jefes del Departamento de Justicia y Seguridad Nacional que tomen medidas disciplinarias contra los abogados y bufetes que participen en litigios que se consideren «frívolos» o «irrazonables», particularmente aquellos relacionados con asuntos de seguridad nacional, seguridad pública e integridad electoral.
El memorándum surge tras un acuerdo entre el bufete de abogados Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP y la Casa Blanca, en el que se les eximió de un decreto punitivo emitido por Trump. Esta firma fue criticada por su implicación en la investigación sobre los presuntos delitos financieros de Trump llevada a cabo por el exfiscal Mark Pomerantz. Trump citó este caso como ejemplo de las conductas poco éticas de los abogados que se oponen a su administración.
Crítica a los abogados de inmigración
Trump también dirigió críticas específicas hacia los abogados de inmigración, acusándolos de incitar a sus clientes a ocultar su pasado o mentir sobre sus circunstancias para eludir las políticas migratorias. En su memorándum, ordenó a la fiscal general Pamela Bondi y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que priorizaran la revisión de la conducta de los abogados que han litigado contra el gobierno federal en los últimos años.
Ataques directos a abogados y firmas
Además, Trump apuntó a Marc Elias, un abogado que representa a demócratas y que ha estado involucrado en la investigación sobre las acusaciones de interferencia rusa en las elecciones de 2016. Trump criticó a Elias, quien respondió que el objetivo del expresidente era intimidar a los abogados que se oponían a su gobierno.
Respuesta de la ACLU
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) reaccionó enérgicamente, calificando la directiva de Trump como un ataque a los principios fundamentales del derecho y la democracia. Cecillia Wang, directora jurídica de la ACLU, advirtió que este tipo de acciones erosionan el Estado de derecho y buscan silenciar a los abogados que defienden derechos fundamentales como el derecho al voto y la justicia para inmigrantes.
Con información de La Opinión.
Por: Yari Araujo
