La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este viernes el intento del gobierno de Donald Trump de acelerar las deportaciones de inmigrantes venezolanos al amparo de una ley del siglo XVIII.
Con una votación mayoritaria y solo dos disidencias —los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas— el tribunal negó una apelación de emergencia presentada por el gobierno. La medida buscaba reactivar deportaciones rápidas de venezolanos acusados de pertenecer a pandillas, basándose en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
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La proclamación sobre el Tren de Aragua
El caso surge tras la proclamación firmada por Trump en marzo, donde catalogó al grupo criminal Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera. Esa designación le permitiría al gobierno usar la antigua ley para deportar a presuntos miembros de forma expedita, sin procesos judiciales tradicionales.
Sin embargo, el máximo tribunal dejó en claro que el gobierno debe permitir una oportunidad razonable para impugnar las deportaciones, en línea con la Constitución de EE.UU.
El derecho a apelar antes de ser deportado
La Corte Suprema ya había emitido una orden temporal que bloqueaba las deportaciones desde un centro de detención en el norte de Texas. En la nueva resolución, el tribunal reafirmó que los inmigrantes detenidos deben tener tiempo suficiente para presentar recursos legales antes de ser expulsados del país.
El gobierno había argumentado que 12 horas eran suficientes para presentar una apelación, pero la corte consideró ese plazo insuficiente, sin establecer un límite concreto. No obstante, una jueza federal en Pensilvania dictaminó esta semana que el plazo debe ser de al menos 21 días.
Opiniones divididas en tribunales inferiores
El enfoque legal sigue variando de un tribunal a otro. Aunque tres jueces federales han cuestionado la legalidad del uso de la ley de 1798 en este contexto, otros, como la jueza Stephanie Haines, han validado su aplicación para deportaciones, siempre que se respeten los plazos procesales.
¿Qué significa esta decisión?
La resolución del viernes no invalida la estrategia general del gobierno para deportar a inmigrantes. La Corte dejó en claro que esta decisión solo afecta a los procedimientos basados específicamente en la Ley de Enemigos Extranjeros, y que existen otras vías legales para ejecutar deportaciones.
Con información de AP.
Por: Yari Araujo
