La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (ANADIVE) expresó su rechazo a los aumentos excesivos en los impuestos propuestos en el proyecto de modificación de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, que contemplan incrementos de entre 140 % y 3,700 % en las contribuciones que deben pagar las empresas del sector.
En una carta enviada a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que estudia la iniciativa, ANADIVE manifestó su preocupación por el impacto negativo que tendría la medida sobre más del 85 % del tejido empresarial, compuesto principalmente por micro y pequeñas empresas, cuya capacidad financiera se vería gravemente afectada.
La asociación cuestionó que el proyecto haya sido aprobado de forma acelerada en el Senado, sin el debido consenso con el sector productivo, e hizo un llamado al Congreso para que se revise el artículo 36 del proyecto, donde se establece este esquema de contribución.
Según ANADIVE, su gremio agrupa a unas 400 empresas distribuidas en todo el país, la mayoría clasificadas como PYMES, con entre 10 y 50 empleados. Estas empresas operan con márgenes de ganancia reducidos, entre un 3 % y 5 %, al fungir como intermediarias en la venta de vehículos, por lo que gravar los ingresos brutos —sin considerar el costo del producto— representaría una distorsión fiscal.
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“El sistema tributario reconoce que estas empresas no reciben el valor total de la venta como ingreso, sino únicamente una comisión, y así se declara ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)”, señala el documento.
ANADIVE también aclaró que el sector de distribución de vehículos no genera altos niveles de residuos sólidos, por lo que aplicar este tipo de cargas sin una debida diferenciación es injusto. En ese sentido, llamó a respetar el principio “el que contamina paga”, ampliamente reconocido en materia ambiental, para que sean los sectores que realmente generan contaminación los que asuman el mayor peso contributivo.
Además, advirtió sobre el riesgo de doble tributación, ya que los vehículos ya pagan entre 2 % y 4 % del valor CIF por concepto de emisiones de carbono, y las empresas también cubren los costos de recogida de desechos sólidos.
Por último, ANADIVE recordó que el sector automotriz constituye uno de los principales contribuyentes fiscales y aduanales del país, y que cualquier medida que altere sus operaciones podría afectar el clima de negocios y la estabilidad del aparato productivo nacional.
Por: Itzel Olivo
