El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al Departamento de Justicia (DOJ) abrir una investigación sobre la validez de los indultos y conmutaciones de penas firmados por su antecesor Joe Biden durante los últimos días de su mandato (2021–2025), incluidos los otorgados a miembros de su familia, funcionarios de su equipo y decenas de reclusos condenados a muerte.
La pesquisa, confirmada mediante un memorando interno difundido este lunes y divulgado por medios como Fox News, se centrará en determinar si Biden firmó personalmente los documentos o si fueron autorizados mediante el uso de un autopen, lo que, según Trump, podría invalidar legalmente los perdones otorgados.
“El presidente ha solicitado verificar si Joe Biden estaba en condiciones de comprender lo que firmaba, y si terceros se aprovecharon de su situación mediante mecanismos como el autopen u otros”, señala el comunicado.
Entre las decisiones cuestionadas figura la conmutación de penas a unos 2,500 reclusos condenados por delitos no violentos relacionados con drogas, la reducción de la pena capital a cadena perpetua para 37 condenados a muerte, y los indultos preventivos a su hijo Hunter Biden y a varios exfuncionarios de la Casa Blanca.
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Trump sostuvo que esos actos carecen de legitimidad y los calificó como “nulos, sin validez ni fuerza legal futura”.
Se intensifican acciones contra exfuncionarios críticos
En paralelo, el expresidente ha intensificado su ofensiva contra exmiembros de su administración que lo han criticado públicamente. Entre ellos figura Miles Taylor, exjefe de personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), conocido por haber publicado un artículo de opinión anónimo en 2018 y por el libro A Warning, en el que denunciaba irregularidades durante la presidencia de Trump.
Un memorando firmado el 9 de abril ordenó investigar a Taylor, revocar cualquier autorización de seguridad vigente y calificarlo como “difusor de falsedades”.
En respuesta, Taylor solicitó este martes a los inspectores generales de los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional que revisen la legalidad de la orden presidencial. “Esto sienta un precedente alarmante. El presidente de EE. UU. no puede ordenar investigaciones contra ciudadanos por disentir. No he cometido ningún delito”, aseguró en declaraciones a The Associated Press.
Ese mismo día, Trump también solicitó una investigación contra Chris Krebs, exdirector de ciberseguridad que desmintió las denuncias de fraude electoral tras los comicios de 2020.
Críticas a la salud de Biden y tensiones institucionales
La decisión de Trump coincide con recientes publicaciones que reavivan dudas sobre el estado de salud del expresidente Biden, de 82 años, incluyendo informes sobre un supuesto encubrimiento de su diagnóstico de cáncer de próstata con metástasis ósea.
La Cancillería colombiana, por su parte, también se pronunció en contra de las acciones legales de Guatemala contra la fiscal general Luz Adriana Camargo y el exministro Iván Velásquez —ambos vinculados a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)—, calificándolas de “atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional”.
Infobae
Por: Itzel Olivo
