El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado que se reabra la investigación sobre un presunto conflicto de intereses del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, relacionado con la actividad empresarial de su esposa, Begoña Gómez. La medida surge tras estimarse un recurso presentado por el Partido Popular (PP) contra el archivo de una denuncia en la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI).
En su fallo, al que tuvo acceso la agencia EFE, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM revocó las resoluciones previas de la Secretaría de Estado de Función Pública y de la OCI, al considerar que no se realizó una investigación efectiva de los hechos denunciados por el PP. El tribunal ordena ahora que se practiquen las diligencias necesarias.
El caso está vinculado con el rescate financiero de Air Europa, aprobado por el Consejo de Ministros durante la pandemia. El PP sostiene que Sánchez debió haberse abstenido en esa decisión, dado que la compañía mantenía vínculos con entidades relacionadas con Begoña Gómez. Según los populares, estos lazos representarían un posible conflicto de intereses que debía ser examinado.
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En su momento, la OCI archivó la denuncia, argumentando que no existía una relación laboral o profesional directa entre Gómez y Air Europa que implicara asesoramiento o dirección. No obstante, el tribunal reprochó la falta de diligencias investigativas, señalando que la OCI se limitó a remitir un informe sin haber llevado a cabo una investigación material. Además, reconoció que el PP estaba legitimado para presentar la denuncia, contradiciendo el criterio del órgano.
Fuentes del PP celebraron el fallo judicial, alegando que “obliga al Gobierno a investigar un posible conflicto de intereses del presidente”, ya que —según afirman— Begoña Gómez habría solicitado apoyo para empresas vinculadas al grupo beneficiado mientras recibía pagos de estas entidades. “Pedro Sánchez ha dado dinero público a quien ha dado dinero a su esposa”, señalaron, y añadieron que la intervención directa del presidente en la adjudicación de fondos “debe ser investigada”.
El Gobierno aún no ha emitido una reacción oficial tras conocerse la decisión judicial.
EFE
Por: Itzel Olivo
