Santo Domingo.- El profesor Francisco Luciano, gerente general de la Cooperativa de Servicios Múltiples de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (COOEPROUASD), afirmó que el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) está incurriendo en una práctica ilegal al imponer un tributo por la emisión de documentos que son obligatorios para las cooperativas.
Luciano cuestionó la legalidad y ética de esta medida, la cual afecta directamente al sector cooperativo nacional.
“Estos documentos son la Carta de Certificación de Estados Financieros, de firmas autorizadas y de no objeción de manuales que las cooperativas incorporadas están obligadas a recibir. Esta medida contraviene los artículos 60, 61 y 62 de la Ley 127-64, que eximen a las cooperativas de tributos en sus operaciones y documentos, así como el artículo 243 de la Constitución, que reserva exclusivamente al Congreso Nacional la facultad de establecer tributos”, indicó.
El también académico señaló que IDECOOP, como órgano administrativo, no tiene facultad para establecer ningún tipo de gravamen, lo que representa una violación al principio de legalidad tributaria, establecido en el artículo 40.15 de la Constitución.
Te puede interesar: Idecoop aplica herramienta de control interno usada por reguladores internacionales
“Esta disposición, además de ser ilegal, transgrede el principio de separación de poderes (artículo 4 de la Constitución) y socava la confianza en las instituciones públicas. El sector cooperativo, pilar fundamental de la inclusión financiera y el desarrollo económico y social de la República Dominicana, se ve perjudicado por costos injustificados que limitan su capacidad de cumplir con su labor social”, comunicó.
Luciano instó al IDECOOP a derogar de inmediato esta medida, advirtiendo que, de mantenerse, podría ser objeto de acciones legales ante el Tribunal Superior Administrativo o el Tribunal Constitucional.
También exhortó a la institución a regirse estrictamente por la legalidad y actuar con transparencia.
“Restablecer la confianza en la institución es esencial para garantizar el bienestar de miles de dominicanos que dependen de estas entidades. El liderazgo cooperativo no puede permanecer pasivo ni actuar de manera complaciente ante esta afrenta a la legalidad. Permitir esta transgresión hoy podría sentar un precedente peligroso, con consecuencias más gravosas en el futuro”, explicó.
Finalmente, Luciano refutó que una supuesta falta de presupuesto justifique la imposición de estas tasas, argumentando que dicha práctica revela una omisión del Estado en garantizar el financiamiento institucional.
“Las tasas ilegales de hoy podrían convertirse en gravámenes indexados, según las necesidades del instituto mañana. Es imperativo actuar con firmeza ahora para evitar lamentaciones futuras”, concluyó.
