Durante la conferencia “Impacto de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil 4-23 y su Reglamento de Aplicación”, la miembro titular del Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), Dolores Fernández Sánchez, expuso sobre el alcance de esta normativa en relación con el derecho a la identidad en la República Dominicana.
El evento se realizó en el Centro Cultural Ateneo Dominicano, en ocasión del 154 aniversario de esa institución.
Fernández Sánchez explicó que la Ley 4-23 incide en el marco legal dominicano, al modificar aspectos relacionados con otras normativas, como la Ley 169-14 sobre naturalización, la Ley 172-13 sobre protección de datos personales, la Ley 129-11 del Tribunal Superior Electoral y la Ley 198 sobre matrimonios religiosos.
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Indicó que la ley introduce principios como eficacia, celeridad, legalidad y la interconexión entre dependencias del Estado. También se refirió al reemplazo de la Ley 659, vigente durante 78 años, por esta nueva legislación que contiene 221 artículos.
Propuesta de contrato social y eliminación del subregistro
Durante su intervención, Fernández Sánchez planteó la necesidad de un contrato social que permita garantizar el registro de cada ciudadano. Señaló que la identidad es un derecho fundamental que permite acceder a otros derechos.
Agregó que la Ley 4-23 contempla mecanismos para atender el fenómeno del subregistro, que se incluye dentro del objetivo 16.9 de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Expresó que la identidad permite la participación en las políticas públicas.
Cambios incluidos en la normativa
Entre los artículos mencionados por Fernández Sánchez se encuentran:
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El artículo 74, sobre nombres que pueden afectar la dignidad.
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El artículo 118, relativo a las reconstrucciones de actas.
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El artículo 179, que modifica algunos plazos establecidos.
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El artículo 111, sobre la validación de folios luego del cierre.
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El artículo 107, que trata las nulidades administrativas.
También informó que la JCE ha firmado acuerdos con instituciones como el Ministerio de Educación (MINERD), la Dirección de Migración, el Tribunal Superior Electoral (TSE), las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), el Ministerio de Interior y Policía, entre otros.
Uso de plataformas digitales
Fernández Sánchez señaló que la aplicación de la Ley 4-23 se enmarca dentro de iniciativas que buscan reducir los trámites burocráticos mediante plataformas digitales. Indicó que para implementar la ley se requiere una estructura operativa adecuada, recursos humanos capacitados y financiamiento.
A la actividad asistieron miembros suplentes de la JCE, como Prado López, Anibelca Rosario y Tony Tejada, así como el secretario general Sonne Beltré y directores de diferentes áreas. Por el Ateneo Dominicano, estuvieron presentes su presidenta, Betty Vargas Acosta, y otros representantes del centro cultural.
Por: Yari Araujo
