El gobierno de Japón ejecutó este viernes a Takahiro Shiraishi, conocido como el “asesino de Twitter”, tras ser condenado a la pena de muerte por el asesinato y desmembramiento de nueve personas en 2017. La ejecución, realizada mediante ahorcamiento, marca la primera aplicación de la pena capital en el país desde 2022, según reportes de los medios NHK y Kyodo News, que citaron fuentes gubernamentales. El Ministerio de Justicia no confirmó de inmediato el procedimiento, pero anunció una próxima rueda de prensa.
Shiraishi, de 34 años, fue sentenciado en 2020 tras confesar los crímenes, cometidos entre agosto y octubre de 2017. Sus víctimas —ocho mujeres y un hombre, de entre 15 y 26 años— fueron contactadas a través de Twitter, hoy llamada X. De acuerdo con la investigación judicial, Shiraishi aprovechaba la vulnerabilidad emocional de personas con pensamientos suicidas, ofreciéndose a «ayudarlas a morir». Luego las citaba en su apartamento en la ciudad de Zama, prefectura de Kanagawa, donde las asesinaba y descuartizaba.
Durante el juicio, Shiraishi admitió los hechos sin mostrar remordimiento. “Sí, los maté, y no hay duda de eso”, declaró ante el tribunal. El caso conmocionó profundamente a la sociedad japonesa, tanto por la crueldad de los actos como por el uso de redes sociales para atraer a las víctimas.
Los restos humanos fueron hallados por la policía en cajas y neveras portátiles dentro del reducido apartamento del acusado. La investigación se activó gracias a la denuncia del hermano de una víctima, quien accedió a la cuenta de Twitter de su hermana y descubrió una conversación con el ahora ejecutado.
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La pena capital en Japón se aplica exclusivamente por ahorcamiento y bajo estrictas condiciones de secreto. Los reclusos solo son notificados pocas horas antes de su ejecución, una práctica que ha sido duramente cuestionada por organismos internacionales, por sus efectos psicológicos. Aunque la ley exige que la ejecución se realice dentro de los seis meses posteriores a la sentencia firme, en la práctica suelen pasar varios años.
Según datos del propio Ministerio de Justicia, en diciembre de 2023 había 107 personas en el corredor de la muerte. Estas permanecen en aislamiento prolongado, sin saber cuándo se ejecutará su condena. Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado que esta incertidumbre constante representa una forma de tortura mental.
Japón es, junto a Estados Unidos, uno de los dos países del G7 que aún mantienen la pena de muerte. No obstante, la sociedad japonesa muestra un alto nivel de apoyo a esta práctica: una encuesta gubernamental de 2024 reveló que el 83 % de los ciudadanos considera que la ejecución es “inevitable” en ciertos crímenes.
Antes de Shiraishi, la última ejecución se había producido en 2022, cuando fue ejecutado Tomohiro Kato, autor de un ataque con cuchillo y vehículo en Akihabara que dejó siete muertos. “Vine a Akihabara a matar. No importaba a quién”, dijo entonces a la policía.
Entre las ejecuciones más notorias de Japón figura la realizada en 2018, cuando fueron ejecutados el líder de la secta Aum Shinrikyo, Shoko Asahara, y doce de sus seguidores, responsables del ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995, que provocó 14 muertos y más de 5.000 heridos.
El caso de Shiraishi ha reabierto el debate en Japón sobre el uso de redes sociales como herramientas de manipulación, la protección de usuarios vulnerables, y la transparencia del sistema judicial. La ejecución ha sido observada con atención por los medios y por organizaciones de derechos humanos, que insisten en la necesidad de revisar la aplicación de la pena de muerte en el país.
Infobae
Por: Itzel Olivo
