Una jueza federal dictaminó que los despidos masivos recientes en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos probablemente fueron ilegales, y ordenó a la administración Trump detener los recortes y reorganización planeados.
La jueza Melissa DuBose concedió una orden judicial preliminar a favor de una coalición de fiscales generales de 19 estados y el Distrito de Columbia, quienes presentaron una demanda en mayo.
“El Poder Ejecutivo no tiene autoridad para implementar cambios estructurales unilaterales en agencias creadas por el Congreso”, afirmó DuBose en una orden de 58 páginas emitida desde el tribunal de distrito en Providence.
Daño irreparable y fundamentos legales
DuBose concluyó que los estados habían demostrado un “daño irreparable” causado por los despidos y consideró que tenían altas probabilidades de ganar el caso, ya que la medida fue “arbitraria, caprichosa y contraria a la ley”.
La orden judicial bloquea la finalización de los despidos anunciados en marzo y prohíbe nuevas acciones similares hasta que avance el litigio. Además, instruye al Departamento de Salud a presentar un informe de estado antes del 11 de julio.
¿A quiénes afecta la decisión?
El fallo protege a trabajadores de cuatro divisiones clave:
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Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
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Centro de Productos de Tabaco (FDA)
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Oficina de Head Start (Administración para Niños y Familias)
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Oficina del Secretario Asistente para Planificación y Evaluación
Una reestructuración polémica
El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., había impulsado la eliminación de más de 10,000 puestos de trabajo a finales de marzo, consolidando 28 agencias en 15. Algunos despidos ya habían sido revertidos, especialmente en áreas críticas como el monitoreo de VIH, hepatitis y enfermedades infecciosas.
La administración argumentó que los recortes formaban parte de la estrategia federal «Hacer Estados Unidos Saludable de Nuevo», destinada a reducir redundancias y costos operativos.
Críticas por afectar programas esenciales
Los fiscales generales sostienen que la reestructuración debilitó programas fundamentales, trasladando además responsabilidades y gastos a los estados. La demanda señala que se afectaron servicios vitales como la seguridad alimentaria, la regulación de medicamentos, y programas de salud pública.
Durante una audiencia ante el Senado, Kennedy admitió que el proceso enfrentó “caos y desorganización” y sugirió que hasta un 20% de los empleados despedidos podrían ser reincorporados.
Con información de AP.
Por: Yari Araujo
