Por Raúl Germán Bautista.- Este jueves, dos juzgados de la instrucción del Distrito Nacional conocen, de manera separada, solicitudes de medidas de coerción contra Ángel Martínez e Ingrid Jorge “La Torita”, a raíz de querellas por presunta difamación e injuria presentadas por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
En el caso de Ingrid Jorge, su abogado, Enrique Santelises, aseguró que el Ministerio Público no tiene la competencia legal para conocer delitos de esta naturaleza, aunque sí reconoce que por la eventual violación a la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, sí.
“Lo primero que yo debo decir es que, si es por supuesta difamación, el Ministerio Público no es competente para conocer asuntos de difamación, que es lo que se ha ventilado”, expresó Santelises ante medios de comunicación.
El Sexto Juzgado de la Instrucción, presidido por la jueza Yanibet Rivas, conocerá el caso de Ingrid Jorge. En su contra, se solicita una garantía económica aún no especificada, presentación periódica e impedimento de salida.
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Según las querellas, ambos acusados habrían difundido en plataformas digitales videos e informaciones que, de acuerdo con Raful, son falsas y atentan contra su honor. La funcionaria exige una compensación económica de 50 millones de pesos a cada uno.
También, en el Primer Juzgado de la Instrucción, el Ministerio Público solicitará al juez Raymundo Mejía que imponga contra Martínez una fianza de dos millones de pesos en efectivo, presentación periódica e impedimento de salida del país.
