Organizaciones sociales, agrupadas en la Iniciativa Ciudadana por Un Mejor Código, expresaron este jueves su preocupación ante el proyecto de nuevo Código Penal propuesto por la comisión bicameral del Congreso Nacional. En un comunicado conjunto, calificaron el documento como un “Código de la impunidad, de la censura y contra la familia dominicana”.
De acuerdo con las organizaciones, uno de los aspectos más preocupantes del proyecto es que eximiría de responsabilidad penal al Estado, ayuntamientos, partidos políticos y entidades religiosas. Según explicaron, esto impediría sancionar penalmente a dichas instituciones en caso de cometer delitos, aun cuando exista negligencia o falta de supervisión.
Las organizaciones señalaron que este tipo de exención podría impedir que hechos como las inundaciones de noviembre de 2023, la explosión en San Cristóbal, o el caso Jet Set (2025) sean investigados y juzgados como corresponde.
Asimismo, criticaron que el proyecto establece que los delitos de corrupción solo podrían investigarse dentro de un plazo de 20 años, en lugar de declararlos imprescriptibles, como han solicitado diversos sectores sociales.
Debilitamiento de protección a mujeres y víctimas de violencia
Las entidades firmantes también manifestaron que el proyecto limita la figura del feminicidio, dejándola reservada solo para casos muy extremos. Argumentaron que esto podría dejar sin tipificación adecuada muchos asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas.
Además, afirmaron que las agresiones sexuales tendrían penas reducidas —de entre uno y dos años de prisión— y podrían prescribir, es decir, dejar de ser penalizadas con el paso del tiempo. Señalaron que esto contrasta con la legislación vigente, que establece la imprescriptibilidad de estos delitos.
Otro punto señalado fue la reducción de sanciones cuando el agresor es la pareja de la víctima. Las organizaciones advirtieron que, bajo ese esquema, si no hay evidencia física visible o uso de drogas, el acto podría quedar impune.
En cuanto al tema del aborto, las agrupaciones lamentaron que el proyecto excluye las tres causales —riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y embarazo por violación o incesto—, y además aumenta las penas por su práctica. Según afirmaron, esta exclusión va en contra del sentir mayoritario de la sociedad, que según diversas encuestas respalda la inclusión de las causales.
Restricciones a la libertad de expresión y protesta
Las organizaciones también expresaron inquietud respecto a artículos del proyecto que, a su juicio, podrían facilitar la criminalización de la protesta y limitar la libertad de expresión.
Entre los ejemplos citados, mencionaron que el Código contempla sanciones de cárcel para quienes realicen gestos “ofensivos” hacia funcionarios públicos, incluso en entornos privados. También señalaron que compartir documentos con empresas extranjeras podría ser tipificado como espionaje, con penas de hasta 30 años, sin definiciones claras sobre el tipo de información que calificaría como sensible.
Solicitan al presidente Abinader no apoyar el proyecto en su forma actual
Las organizaciones hicieron un llamado al presidente Luis Abinader, a quien recordaron que en el pasado ha cuestionado varios aspectos similares del Código Penal. Le pidieron no respaldar una legislación que, en su opinión, dejaría desprotegidos a ciudadanos vulnerables y debilitaría el sistema democrático.
“El pueblo dominicano merece un Código Penal que proteja a las víctimas, sancione a los agresores y garantice los derechos de todas y todos. No uno que legalice la impunidad y silencie la protesta”, concluye el comunicado de la Iniciativa Ciudadana por Un Mejor Código.
Por: Yari Araujo
