El Parlamento griego aprobó este viernes una polémica enmienda legal que impide a los inmigrantes que arriben de forma irregular desde el norte de África solicitar asilo, y autoriza su detención y devolución inmediata a su país de origen o procedencia.
La medida fue impulsada por el Gobierno conservador del primer ministro Kyriakos Mitsotakis y respaldada por los votos del partido gobernante Nueva Democracia, que ostenta la mayoría absoluta en el Legislativo.
La decisión llega en medio de un aumento de llegadas de migrantes y refugiados a la isla de Creta, donde solo en la última semana se han registrado más de 2.000 personas desembarcadas. Según el ministro de Migración, Thanos Plevris, la situación exige respuestas inmediatas:
“A las condiciones urgentes respondemos con medidas urgentes”, afirmó.
Plevris advirtió que si no se envía un mensaje claro de que “el paso hacia Grecia se cierra”, el país no podrá manejar las decenas de miles de personas que podrían salir desde Libia, donde —según sus declaraciones— hay tres millones de personas esperando para cruzar.
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La enmienda ha sido calificada como «inconstitucional» por toda la oposición de izquierda, que acusa al Gobierno de violar tanto la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como la Convención de Ginebra, al negar el derecho de solicitar asilo. El partido Syriza denunció que la norma equivale a una “devolución en caliente” o push-back, lo cual constituiría una violación del derecho internacional humanitario.
Organismos internacionales también han expresado su preocupación. El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, advirtió que la medida podría legalizar devoluciones de personas expuestas a tortura u otros abusos, en contravención del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Por su parte, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, recordó que devolver a personas a lugares donde su vida o libertad corren peligro viola el principio de no devolución, piedra angular del derecho internacional de asilo.
Respuesta de Atenas y apoyo desde Bruselas
Frente a las críticas, el Gobierno griego ha insistido en que la normativa no vulnera ninguna obligación internacional y que su aplicación será temporal, con el objetivo de disuadir a las redes de tráfico humano que operan desde África.
En Bruselas, un portavoz de la Comisión Europea pareció dar un espaldarazo a la medida al calificar de “excepcional” la situación que enfrenta Grecia debido al aumento de llegadas desde Libia. Añadió que cualquier respuesta debe considerar tanto el riesgo de seguridad como el impacto migratorio en la UE.
Además, según el diario griego Kathimerini, el Gobierno planea establecer centros de detención especiales para los inmigrantes que lleguen desde el norte de África.
En lo que va de 2025, cerca de 9.000 migrantes irregulares han llegado por mar a Creta, más del doble de los 4.000 registrados en todo el año 2024.
EFE
Por: Itzel Olivo
