En tres cajas grandes son trasladados este martes los elementos de pruebas que serán utilizados para conocer la medida de coerción a los imputados en la Operación Lobo, acusados del pago de sobornos en detrimento de los fondos de instituciones públicas.
Ya el Ministerio Público concluyó con la presentación de su solicitud de prisión preventiva contra militares y civiles arrestados, por lo que se espera que esta tarde lo jueces tomen la decisión.
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Sobre Operación Lobo
La “Operación Lobo” fue puesta en marcha esta semana como parte de las acciones del Ministerio Público contra la corrupción y la impunidad. La investigación enfrenta una red integrada por militares y civiles que utilizaban esquemas de sobornos para acceder y mantener contratos con instituciones públicas, principalmente en el área de seguridad privada.
Entre los imputados figuran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos; el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
La estructura criminal impactó negativamente instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
Los imputados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, conforme a los artículos 177, 178, 179 párrafo, 180, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano. También se le imputa la violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República, que prohíbe la corrupción administrativa.
En lo relativo al lavado de activos, se les acusa en base a los artículos 3, numerales 1, 2 y 3; artículo 4, numeral 8; y artículo 9, numerales 1, 2 y 4, de la Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
