La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) alertó que el proyecto de modificación a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, actualmente en discusión en el Congreso Nacional, representa una amenaza directa para la sostenibilidad de más de un millón de Mipymes en todo el país.
A través de un comunicado oficial, Codopyme denunció que la propuesta legislativa, en su forma actual, impone cargas económicas desproporcionadas al sector, fomenta estructuras monopólicas en la gestión de residuos y excluye a las Mipymes de los procesos de decisión sobre el uso de fondos públicos que ellas mismas deberán financiar.
“El proyecto, tal como está redactado, impone cargas económicas excesivas, fomenta monopolios en la gestión de residuos y excluye por completo a las Mipymes de los procesos de decisión sobre fondos públicos que ellas mismas deberán financiar”, expresó Codopyme.
Entre los puntos críticos señalados por la organización figuran el aumento desproporcionado de la contribución especial sin estudios técnicos ni consideración de la capacidad de pago de las pequeñas empresas, obviando la Ley 187-17 sobre clasificación empresarial. También se cuestiona la prohibición de autogestión de residuos por parte de pequeñas y medianas empresas, lo que afectaría iniciativas comunitarias y alianzas ya existentes, como NUVI.
Codopyme advirtió además sobre el riesgo de crear un fideicomiso público controlado por operadores privados, sin participación de las Mipymes en la toma de decisiones. El proyecto establece, según denuncian, la imposición de un único relleno sanitario por provincia y una sola planta de valorización por región, favoreciendo prácticas monopólicas que dejarían fuera a los pequeños actores del sector.
“Esto no es una mejora técnica: es una embestida económica. El Congreso debe saber que si aprueba este proyecto en su forma actual, estará firmando la sentencia de quiebra para miles de pequeñas y medianas empresas que ya operan en condiciones adversas, con alta carga impositiva y escaso acceso a financiamiento”, sostuvo Codopyme.
La entidad reiteró su disposición al diálogo, pero dejó claro que no respaldará ninguna legislación que excluya a las Mipymes de los procesos de decisión ni que ignore la necesidad de una estructura de costos proporcional y realista para ese segmento empresarial.
“No puede haber sostenibilidad ambiental sin sostenibilidad económica. Y no puede haber desarrollo nacional si el 98% del tejido empresarial colapsa por decisiones mal diseñadas”, enfatizó el gremio.
Codopyme exhortó al Congreso Nacional a detener el proceso de aprobación del proyecto y a abrir un espacio técnico de revisión que garantice la participación activa del sector Mipyme, antes de agravar la ya crítica situación de miles de emprendedores, manufactureros, comerciantes y pequeños empresarios en todo el país.
