Por: Salvador Rosario
Cotuí, Sánchez Ramírez.- Lo que debía ser una operación delicada y organizada de levantamiento de cuerpos tras el hallazgo de dos cadáveres calcinados en Cotuí, terminó siendo un reflejo claro de la precariedad y la falta de respuesta de las autoridades.
Los restos óseos de Jonathan Pérez (“Jhonatan Comunicaciones«) y Stephanie Polanco, colombiana, eran introducidos en sacos donados por los propios comunitarios, cuando lo correcto sería utilizar bolsas especiales que garanticen tanto el respeto a la dignidad de los fallecidos como los protocolos sanitarios y forenses correspondientes.
En el lugar de los hechos se pudo observar cómo el médico legista, Dr. Núñez Hernández, tuvo que trabajar sin mayor apoyo de las autoridades. Ningún representante de la Cruz Roja, de la Defensa Civil ni otro organismo de socorro de la provincia, se presentó en el lugar.
Otra: Empresario y colombiana calcinados dentro de yipeta
El Dr. Núñez Hernández solo contó con la colaboración espontánea de una mujer de la comunidad, quien se ofreció como ayudante en medio del caos y la falta de recursos. Esta situación refleja dejadez institucional y pone en riesgo la preservación de las evidencias, que es fundamental para este caso.
Ante estas precariedades, algunos se preguntan: «¿Qué pasaría si una tragedia mayor ocurriera en la provincia?»
Dicen que este caso deja muchas preguntas sin responder y que Sánchez Ramírez necesita urgentemente un sistema de respuesta más coordinado, equipado y humano.
