El 25 de febrero, Ingrid Mejía, una trabajadora agrícola guatemalteca de 25 años, fue arrestada en Ohio, Estados Unidos, tras ser condenada a tres días de cárcel por conducir sin licencia, su cuarta infracción. Aunque esperaba pagar una multa y regresar a casa, la sentencia la colocó en la mira del ICE.
Al cumplir su pena en la cárcel del condado de Darke, ICE la recogió y la trasladó a un centro de detención migratoria a 140 millas de distancia. Mientras tanto, su hijo Eliazar, de 3 años y ciudadano estadounidense, fue enviado a un hogar de acogida tras no encontrar familiares disponibles.
Mejía fue liberada el 3 de julio, pero la reunificación con su hijo se complicó. En una audiencia, los funcionarios de bienestar infantil argumentaron que Eliazar había creado un vínculo con la familia de acogida y que la transición debía ser gradual. Mejía, sin trabajo ni apoyo económico estable, enfrentó cuestionamientos sobre su capacidad para cuidar a su hijo.
Un sistema dividido: ICE vs. servicios infantiles
El caso de Mejía expuso la desconexión entre el sistema de inmigración federal y los servicios de bienestar infantil estatales. Mientras ICE le ofrecía la opción de ser deportada con su hijo, los servicios locales afirmaban que el menor estaba bajo su custodia, con un proceso distinto para evaluar el mejor interés del niño.
Intentos por colocar a Eliazar con familiares fracasaron. Su hermana no pasó la verificación de antecedentes por estar indocumentada, y amigos legales temían involucrarse por temor a exponer a familiares sin estatus migratorio. El padre del niño no era una opción viable.
Durante su detención, Mejía recibió una foto de su hijo con otros cinco niños en su hogar de acogida. Le preocupaba que no hablara español, ya que tiene un retraso en el habla. Una psiquiatra advirtió sobre las secuelas emocionales que esta separación podría tener para el niño.
El regreso a casa, con condiciones
El 2 de julio, un juez de inmigración desestimó el proceso de deportación de Mejía, reconociendo su derecho a solicitar asilo como madre de un niño con necesidades especiales. ICE no apeló y fue liberada al día siguiente.
Tras semanas de visitas supervisadas y una evaluación de su hogar, Mejía recibió una buena noticia el 21 de julio: Eliazar podría vivir con ella, con seguimiento de los servicios sociales hasta que se cierre el caso. “Ya no se lo van a llevar”, dijo Mejía. “Esto me alegra”.
Fuente: Reuters
Por: Yari Araujo
