La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (ANADIVE) hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que no promulgue la reciente Ley de Residuos Sólidos aprobada en el Congreso Nacional. La organización advierte que dicha legislación afectaría severamente a las pequeñas y medianas empresas, así como a diversos sectores productivos del país.
Según ANADIVE, la ley fue aprobada sin tomar en cuenta las observaciones hechas por los sectores involucrados ni generar un consenso real con los actores económicos más impactados. Además, señalan que no se realizó un estudio técnico independiente que sustentara su viabilidad ni sus efectos sobre la competitividad empresarial.
César De los Santos, presidente de ANADIVE, expresó que la ley contiene múltiples inequidades que podrían corregirse con voluntad política. En especial, advirtió sobre el riesgo de doble tributación en sectores como el automotriz.
“Los vehículos de motor ya pagan entre 1 % y 3 % del valor CIF (costo, seguro y flete) por concepto de emisiones de CO2, y además las empresas pagan por la recolección de desechos sólidos. Esa duplicidad debe ser revisada”, afirmó.
Aumento desproporcionado en los montos a pagar
ANADIVE también criticó que los montos establecidos en el proyecto de modificación de la Ley 225-20 son excesivos. En algunos casos, las tarifas pasan de RD$3,000 a RD$675,000, lo que representa aumentos que oscilan entre el 300 % y el 675 %.
“Este incremento indiscriminado afecta sobre todo a las pymes, que representan más del 85 % del tejido empresarial nacional. Esto pone en riesgo su rentabilidad, reduce la competitividad y puede fomentar la informalidad”, dijo De los Santos.
Ingresos brutos no deben ser gravados
El representante del sector automotriz argumentó que la ley parte de una premisa equivocada: gravar los ingresos por ventas en lugar de las utilidades netas.
“Una empresa que vende RD$100 millones y tiene un costo de mercancía de RD$95 millones, apenas obtiene un margen de 5 %. Gravar los ingresos brutos ignora los principios contables y genera una carga injusta para el empresario”, explicó.
Contaminación sí, pero con criterios justos
De los Santos concluyó que el principio ecológico de “el que contamina paga” debe aplicarse con justicia y criterio técnico. Sostuvo que solo deben contribuir aquellos sectores que realmente incidan en el problema ambiental, y no imponer cargas sobre quienes tienen bajo impacto ecológico.
“Gravar por nivel de venta, en lugar de nivel de contaminación, no solo es injusto, sino contraproducente”, afirmó.
Por: Yari Araujo
