El abogado Olivo Rodríguez calificó como “irracional” la exclusión de las tres causales del aborto en el proyecto de Código Penal que se debate en el Congreso Nacional, al considerar que esa omisión atenta contra la seguridad jurídica y el respeto a la dignidad humana garantizado por la Constitución.
Durante una entrevista en el programa El Día, el jurista señaló que la omisión de un régimen legal claro para casos en los que peligra la vida de la madre genera un grave vacío normativo que pone en riesgo tanto a las pacientes como a los profesionales de la salud.
“Si no existe un régimen jurídico que les brinde certeza a los médicos sobre cómo actuar cuando está en peligro la vida de la madre, estos podrían abstenerse de intervenir por temor a ser sancionados penalmente”, advirtió Rodríguez.
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El experto en derecho constitucional recordó que la Carta Magna establece de forma expresa que la dignidad humana es el principio rector del Estado, consagrada en varios artículos. A su juicio, es incongruente que se pretenda aprobar una legislación penal que ignore situaciones extremas en las que deben prevalecer los derechos fundamentales de la persona.
“La Constitución establece que la dignidad humana es el principio rector del Estado. En consecuencia, no es posible que se continúe excluyendo el tratamiento legal de situaciones que, por el contrario, deberían tener un régimen de excepción”, subrayó.
Las declaraciones del jurista se producen en el contexto de una nueva discusión en el Congreso Nacional sobre la reforma al Código Penal, reintroducida en la legislatura extraordinaria convocada por el Poder Ejecutivo. El actual proyecto vuelve a omitir las tres causales: cuando el embarazo representa un riesgo para la vida de la mujer, cuando es producto de una violación o incesto, y cuando el feto presenta malformaciones incompatibles con la vida.
A pesar del rechazo manifestado por sectores sociales, médicos, organizaciones de derechos humanos y representantes del Ejecutivo, el Congreso ha mantenido su postura de no incluir estas excepciones. Esta situación ha reactivado el debate sobre los límites entre el poder legislativo y la protección constitucional de los derechos fundamentales.
Rodríguez enfatizó que, sin un marco legal que contemple estos casos excepcionales, no solo se vulnera la dignidad de las mujeres, sino que también se expone a los profesionales de la salud a posibles consecuencias penales por decisiones clínicas en contextos de emergencia.
