El fiscal general del Estado de España, Álvaro García Ortiz, enfrentará juicio tras la decisión del Tribunal Supremo de rechazar su recurso contra una acusación por presunta revelación de secretos. El caso está relacionado con la filtración de un correo electrónico que implicaba a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una figura clave de la oposición conservadora.
Según medios españoles, en 2024 se filtró un supuesto borrador de acuerdo entre la fiscalía y el abogado de González Amador, un empresario investigado por fraude fiscal. En el documento, Amador supuestamente habría aceptado su culpabilidad a cambio de evitar un juicio.
La filtración del acuerdo habría perjudicado políticamente a Ayuso, lo que desató acusaciones por parte del Partido Popular (PP), que denunció una campaña dirigida desde el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra la líder conservadora.
Denuncia y rechazo del recurso
El caso fue impulsado a raíz de una denuncia interpuesta por Amador en octubre de 2024. El Tribunal Supremo abrió una investigación formal y, tras el análisis de los hechos, decidió mayoritariamente que existen indicios suficientes para formular una acusación.
«La Sala de Apelación (…) decidió mayoritariamente que los indicios recabados durante la instrucción (…) son suficientes para que se pueda formular acusación», indicó el Tribunal en un comunicado oficial.
Reacciones políticas y respaldo gubernamental
Tras la noticia, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, volvió a exigir la renuncia del fiscal general:
“Quien se sienta en el banquillo de los acusados no puede perseguir delitos. El fiscal general debe dimitir inmediatamente”, escribió en su cuenta de X.
Por su parte, el presidente Sánchez reiteró su respaldo a García Ortiz desde Mallorca:
«Creemos en su inocencia, y por tanto cuenta con el aval y el apoyo del Gobierno de España», afirmó.
Contexto político delicado
La situación se suma a otros frentes judiciales abiertos que afectan a figuras cercanas al Ejecutivo de Sánchez. El caso contra el fiscal general representa un nuevo reto institucional para el gobierno socialista, ya presionado por diversas investigaciones y tensiones con la oposición.
Con información de AFP.
Por: Yari Araujo
