La Asociación de Servidores Públicos de la Contraloría General de la República (ASP-CGR) denunció el reiterado incumplimiento por parte de esa institución, en el pago de los Incentivos de Rendimiento Individual ascendente a más de 300 millones de pesos, correspondientes desde el año 2020 al 2025.
La Contraloría General de la República, dirigida por Félix Antonio Santana García, fue demandada por ante el Tribunal Superior Administrativo, y entre otros requerimientos, se les exige honrar la deuda de RD$580 millones, debido al incumplimiento durante seis años consecutivos del pago de incentivos laborales, a sus propios servidores de Carrera Administrativa.
Oliver Batía, abogado director del Centro Jurídico Batía Ramos y representante de la Asociación de Servidores Públicos de la Contraloría General de la República (ASP-CGR), tildó de descarado el incumplimiento de pagos de bonos por más de 300 millones de pesos, correspondientes a los años 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, a pesar de existir leyes, decretos y resoluciones que obligan a su entrega, antes de finalizar cada año.
“Esto no es un simple retraso administrativo, es un abuso sistemático contra servidores públicos de carrera que han cumplido con su labor y han superado las metas exigidas. Es hora de que la Contraloría cumpla la ley y respete a su gente”, afirmó el abogado Oliver Batía, representante legal de la ASP-CGR.
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Batía expresó, además, “el derecho a esos pagos está sustentado en la Ley 41-08 de Función Pública, los Decretos 523-09 y 527-09, así como resoluciones emitidas por el Ministerio de Administración Pública (MAP)”.
La Asociación advirtió, a través del acto administrativo, que este caso podría abrir la puerta a nuevas demandas contra el Contralor Félix Antonio Santana García, la Dirección General de Presupuesto y su director José Rijo Presbot, así como contra el Ministerio de Administración Pública, por su complicidad en la retención ilegal de derechos adquiridos.
“En total, el daño asciende a más de 800 millones de pesos y con esta demanda queda en evidencia la grave falta de transparencia y el irrespeto a las leyes laborales dentro de la propia institución que debería ser garante del buen uso de los fondos públicos”, concluyó Batía.
La entidad presentó adjunto a esta nota de prensa, los documentos de la demanda interpuesta contra CGR, que son los siguientes:
Lo que dice la norma
La Ley 41-08 de Función Pública establece que la evaluación de desempeño de los servidores de carrera es un mecanismo objetivo para otorgar incentivos y decidir su permanencia, promoción o ascenso.
El Decreto 523-09 reconoce su derecho a recibir estímulos morales o materiales, siempre previstos en ley, decreto o resolución del MAP, y contemplados en el presupuesto.
El Decreto 527-09 asigna al MAP la aprobación de estructuras de cargos y revisión salarial, y dispone que los incentivos se basen en mérito, metas y objetivos evaluados.
Diversas resoluciones y una circular (2018, 2020, 2021 y 2024) complementan este marco legal.
